“El abismo entre los principios sobre los que se fundó este gobierno… y los que se ponen en práctica a diario al amparo de la bandera es muy amplio y profundo”
W.E.B. Dubois, sociólogo, historiador, activista, 1897

En contra de la imagen que se trasmite al mundo y las pretensiones de los gobernantes de Estados Unidos de mostrarse como modelo de democracia y como paladín defensor de los derechos humanos en el mundo, son notables las injusticias y los abusos que se cometen a diario contra amplios sectores de su población.

Las luchas del pueblo afroamericano han puesto en evidencia el racismo institucional y la represión sistemática al que son sometidos, los asesinatos y la brutalidad policiaca en sus comunidades y la discriminación que sufren desde hace doscientos años en muy disímiles ámbitos. Es solo la punta del iceberg.

Aquí pretendemos aproximarnos a lo que concierne a la injusticia y abusos de su sistema judicial y al régimen de prisiones, donde también se manifiesta el arraigado racismo de esa sociedad, la vulnerabilidad generada por la pobreza y el color de la piel, así como por el carácter clasista y la excesiva dureza contra la disidencia política. Solo en instalaciones penitenciarias se gastan aproximadamente 80 mil millones de dólares cada año.

Un factor muy influyente ha sido la naturaleza lucrativa que se extiende entre esas entidades con la multiplicación de prisiones privadas: empresas guiadas por el afán de ganancias, siempre necesitadas de más fuerza de trabajo a la que explotar. Por otra parte, más de 7 millones – aproximadamente uno de cada 40 estadounidenses– estaban bajo supervisión judicial (presos, con libertad condicional, o en un proceso judicial). Una vez que están en el sistema de justicia penal, a menudo es difícil salir.

La opresión social, económica y política de los no blancos por parte del sistema establecido han significado que las minorías raciales tienen muchas más probabilidades que los blancos de ser encarceladas y de convertirse en víctimas de prácticas discriminatorias del sistema de justicia criminal y de la sociedad estadounidense en general. Las vías de avance y autoexpresión abiertas a los miembros de la mayoría blanca dominante no lo están para estas minorías.

La desigualdad racial perpetuada por las estructuras institucionales dominantes también aumenta la probabilidad de que los afroamericanos, los indios americanos, los puertorriqueños, los mexicoamericanos, las personas de ascendencia musulmana, se involucren en actividades delictivas, o que luchadores sociales de esas procedencias resulten criminalizados por razones políticas.

EL SISTEMA JUDICIAL

Sin que llegue a negar la carga adversa con que el peso de la ley y el racismo se ensañan contra las personas de piel negra o mestiza, resulta interesante citar la afirmación del Dr. Paul Craig Roberts, subsecretario del Tesoro en la administración Reagan y columnista del Wall Street Journal, cuando en enero de 2017 afirmó “…. Lo que nos ciega el énfasis en el racismo es que el sistema de justicia es corrupto porque la justicia no juega un papel en él”

En mi criterio da fuerza a la evidencia de que el sistema de instituciones judiciales es mucho más despiadado al relegar y ser en general incapaz de impartir justicia.

Se ha dicho que quizás la peor de las instituciones fallidas de Estados Unidos sea el sistema de justicia penal, que en su integración es bastante masculino y blanco. En sus niveles intermedio y alto ha imperado siempre un claro predominio de juristas de derecha y de centroderecha, generalmente anglosajones procedentes de las clases altas y de importantes bufetes donde antes han servido a grandes empresas capitalistas.

El sistema de justicia penal es visto como una maquinaria en contra de los pobres debido a sus complejas y arcanas maniobras procesales que requieren asistencia legal calificada, experimentada y costosa, que da pie a una distorsión de la justicia y básicamente niega a sus ciudadanos más vulnerables la posibilidad de obtener un juicio justo.

Uno de los aspectos que muestra que la justicia está ausente en el sistema de justicia, o que se produce una gruesa distorsión de la misma, es que los acusados, aun siendo inocentes y para evitar altas condenas, se ven obligados a aceptar un “acuerdo de culpabilidad” fuertemente manipulado en el cual el acusado queda en franca desventaja.

Alrededor del 97 por ciento de los casos penales se resuelven sin juicio, mediante tales acuerdos que en realidad son una forma de extorsión. Se ha vuelto rutinario que la policía falsifique pruebas, que los fiscales sobornen el perjurio y retengan pruebas exculpatorias. En un acuerdo de culpabilidad, el fiscal normalmente ofrece una pena de prisión reducida si el acusado acepta renunciar a su derecho a un juicio con jurado y admitir su culpabilidad en un procedimiento sumario ante un juez. Por lo general el abogado defensor, especialmente si es designado por el tribunal o es un defensor público, instará al sospechoso a aceptar una sentencia menor en lugar de arriesgarse a una mucho más larga.

Los factores que han llevado a un aumento múltiple de casos en el sistema de justicia penal federal son la federalización del derecho penal, el mayor tamaño y la composición cambiante de la lista penal federal, altos porcentajes de convictos sentenciados a prisión, y penas de prisión promedio más largas. Sumados a los cambios en las penas mínimas obligatorias, todos estos factores explican la gran cantidad de casos que está abrumando a los tribunales y haciendo que los acuerdos de culpabilidad sean una solución muy atractiva para el sistema.

Los fiscales pueden procesar a más personas, ser más productivos en el procesamiento de casos y más efectivos para obtener condenas mediante una declaración de culpabilidad. En tales casos la policía no tiene que presentar pruebas, y a los jueces se le aligera la tarea.

Para lograr sus fines, el gobierno impone rutinariamente una pena severa a los individuos procesados que si, por el contrario, deciden ejercer su derecho constitucional en un juicio con jurado. Con ello se incentiva un sistema masivo de negociación de sentencias que está fuertemente manipulado contra el ciudadano acusado.

Dado que declararse culpable elimina el jurado que sería designado para un juicio a gran escala, los jueces, pero especialmente los fiscales, obtienen un poder mucho mayor sobre la conducción del caso… Para el acusado, queda la ilusion de que se puede negociar. Con base en este eficiente sistema de justicia tipo “cadena de montaje”, el gobierno puede agregar más delitos al código penal para que la vida de los ciudadanos esté aún más controlada y regulada.

El sistema de justicia penal es en gran medida indiferente a la culpabilidad o inocencia del acusado. Es la razón principal por la que hay tantas condenas falsas en Estados Unidos y tantos estadounidenses condenados injustamente en prisión. De hecho, incluso los culpables son condenados injustamente, ya que es más fácil incriminarlos que condenarlos basándose en las pruebas.

Las malas conductas policiales y judiciales rara vez conllevan algún costo. La “ley” protege a los policías, fiscales y jueces que habitualmente la violan. Se han dado muchos casos en los que, por ejemplo, tribunales estatales y federales han eximido de responsabilidad a fiscales cuyas conductas atroces han resultado en el envío de personas inocentes al corredor de la muerte.

Numerosos han sido los casos de ejecuciones por error judicial. Personas inocentes de haber cometido un crimen tienen mayor predisposición a ser sentenciadas a muerte en Estados Unidos en aquellos estados en los que se aplica con fervor la pena capital, que generalmente tienen mayor índice de población negra y los juicios se efectuan bajo presión política. Florida, Georgia, Tejas y Alabama son los Estados que posición cambiante de la lista penal federal, altos porcentajes de convictos sentenciados a prisión, y penas de prisión promedio más largas. Sumados a los cambios en las penas mínimas obligatorias, todos estos factores explican la gran cantidad de casos que está abrumando a los tribunales y haciendo que los acuerdos de culpabilidad sean una solución muy atractiva para el sistema.

Los fiscales pueden procesar a más personas, ser más productivos en el procesamiento de casos y más efectivos para obtener condenas mediante una declaración de culpabilidad. En tales casos la policía no tiene que presentar pruebas, y a los jueces se le aligera la tarea.

Para lograr sus fines, el gobierno impone rutinariamente una pena severa a los individuos procesados que si, por el contrario, deciden ejercer su derecho constitucional en un juicio con jurado. Con ello se incentiva un sistema masivo de negociación de sentencias que está fuertemente manipulado contra el ciudadano acusado.

Dado que declararse culpable elimina el jurado que sería designado para un juicio a gran escala, los jueces, pero especialmente los fiscales, obtienen un poder mucho mayor sobre la conducción del caso… Para el acusado, queda la ilusión de que se puede negociar. Con base en este eficiente sistema de justicia tipo “cadena de montaje”, el gobierno puede agregar más delitos al código penal para que la vida de los ciudadanos esté aún más controlada y regulada.

El sistema de justicia penal es en gran medida indiferente a la culpabilidad o inocencia del acusado. Es la razón principal por la que hay tantas condenas falsas en Estados Unidos y tantos estadounidenses condenados injustamente en prisión. De hecho, incluso los culpables son condenados injustamente, ya que es más fácil incriminarlos que condenarlos basándose en las pruebas.

Las malas conductas policiales y judiciales rara vez conllevan algún costo. La “ley” protege a los policías, fiscales y jueces que habitualmente la violan. Se han dado muchos casos en los que, por ejemplo, tribunales estatales y federales han eximido de responsabilidad a fiscales cuyas conductas atroces han resultado en el envío de personas inocentes al corredor de la muerte.

Numerosos han sido los casos de ejecuciones por error judicial. Personas inocentes de haber cometido un crimen tienen mayor predisposición a ser sentenciadas a muerte en Estados Unidos en aquellos estados en los que se aplica con fervor la pena capital, que generalmente tienen mayor índice de población negra y los juicios se efectuan bajo presión política. Florida, Georgia, Tejas y Alabama son los Estados que mayores errores cometen a la hora de aplicar sentencias a muerte.

Según el Centro de Información sobre Pena de Muerte, 17 personas fueron ejecutadas en Estados Unidos en 2020. Desde 1976, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos restableció la pena de muerte, los estados han ejecutado a 1.534 personas, incluyendo algunos por delitos cometidos cuando eran menores de edad. Por su parte, el gobierno federal ha ejecutado cerca de otra veintena de reclusos en esos años.

Aunque aproximadamente la mitad de los 50 estados han abolido la pena capital, hay centenares de reclusos en el país en espera de ejecución. Actualmente hay unas 50 mujeres condenadas a muerte en Estados Unidos.

RACISMO Y REPRESIÓN POLÍTICA

Las comunidades de color, especialmente los afroamericanos, son las que se ven más afectadas negativamente por políticas y prácticas sesgadas que incluyen las relaciones entre la policía y los ciudadanos, la detención preventiva, el peso que los antecedentes penales pueden tener en las sentencias y los cargos procesales desiguales.

Aunque los afroamericanos representan sólo alrededor del 12% de la población total de Estados Unidos, representan el 33 por ciento de la población penitenciaria federal y estatal. Eso se compara con los blancos, que constituyen el 64% de los adultos estadounidenses pero solo el 30% de los que están tras las rejas, según un análisis de Pew Research de los datos de la Oficina de Estadísticas de Justicia.

Los Estados Unidos siguen ocultando que mantienen presos políticos, porque no queda bien para la imagen de una nación que se auto-define como líder del mundo libre. No dudan en levantar acusaciones sobre derechos humanos en otros confines, pero se niegan a limpiar su propio terreno.

Una nota discordante y significativa provino del embajador del gobierno Carter ante Naciones Unidas, Andrew J. Young, cuando en julio de 1978 dio una famosa entrevista al diario francés Le Matin. Dijo entonces: “Todavía tenemos cientos de personas en nuestras cárceles que podrían ser clasificadas como presos políticos”, aludiendo a los activistas que habían sido encarcelados en los años 60 y 70. Por sus dichos fue fuertemente impugnado por el Congreso y otros en su país.

Otro testimonio significativo provino de Ramsey Clark, quien había sido Fiscal General y encabezara el Departamento de Justicia entre 1967 y 1969. Declaró en 2015: “Los presos políticos no tienen reconocimiento legal, son tratados como enemigos del Estado”, expresó, en voz baja y pausada, traicionada a cada sílaba por el acento texano. “El objetivo es que sirvan de ejemplo para las nuevas generaciones, estableciendo el precio que se debe pagar si recurren a la rebelión y a la insubordinación.”

Ciertamente, a lo largo de su historia y hasta el presente, Estados Unidos ha retenido con excesivas condenas de cárcel a personas cuya detención se llevó a cabo sustancialmente por motivos políticos. Entre los prisioneros políticos estadounidenses destacados se encuentran socialistas pacifistas, activistas del movimiento de derechos civiles, objetores de conciencia y detenidos de la Guerra contra el Terrorismo.

La mayoría de los presos está formada por minorías raciales o nacionales, buena parte de ellos integrantes de la organización de los Panteras Negras y sus ramificaciones. Varios de estos reclusos están tras las rejas hace más de 40 años.

Tal es el caso, por ejemplo, de Leonard Peltier, preso político y ex líder del American Indian Movement, encarcelado desde hace 47 años después de un juicio amañado. La solidaridad que recibe en su país y desde el exterior, que no es poca, apenas trasciende. Peltier, de casi 80 años, ha estado en prisión durante 47 años por un crimen que se dice no cometió. Su juicio estuvo mal conducido y plagado de faltas y errores que nunca se sostendrían hoy en un tribunal de los propios Estados Unidos. Los fiscales ocultaron pruebas claves; el FBI amenazó y obligó a los testigos a mentir. Un miembro del jurado admitió en el segundo día del juicio que estaba en contra de la raza de Peltier, pero se le permitió quedarse de todos modos.

Otro ejemplo notable es Mumia Abu Jamal, de 70 años, es uno de los presos políticos más emblemáticos del mundo, ex Pantera Negra, activista y periodista revolucionario que ha sido victima de la injusticia estadounidense. Arrestado en 1981 bajo falsas acusaciones, fue condenado a muerte al año siguiente, lo que le mantuvo largos años en el pabellón de la muerte. Posterior al juicio, en declaración jurada, una taquígrafa del Tribunal afirmó haber escuchado al juez del caso decir en la antesala del lugar “Voy a ayudarlos a ejecutar al negro”. En 2011, luego de 30 años y de muchos esfuerzos que demostraron irregularidades en su procesamiento, la condena le fue conmutada por la de cadena perpetua, cuando un tribunal federal de apelaciones declaró por segunda vez dicha condena como inconstitucional.

Son ilustrativos también, entre otros, los casos de Sundiata Acoli (miembro de los Pantera Negras y del Black Liberation Army) y de Ed Poindexter y Mondo We Langa (nombre africano de David Rice), ex líderes de los Panteras Negras en Omaha, en el Estado de Nebraska, encarcelados durante unos 45 años. Langa murió el 11 de marzo de 2016. Acoli fue condenado a cadena perpetua junto a Asata Shakur luego de un tiroteo en 1974 en Nueva Jersey y después de habérsele denegado repetidamente el parole, fue liberado ya enfermo a fines de 2023 con casi 87 años de edad, y después de permanecer en prisión durante 49 años.

Realmente son muchos los casos de personas quienes padecen por años la espera de su ejecución y sobre los que, bien antes o después de ejecutados, se demuestra que eran inocentes. Desde 1973 han sido salvadas de la muerte cerca de 90 personas porque a último momento fueron reconocidas inocentes. Otros muchos no tuvieron igual suerte.

“Hay muchas condenas fabricadas, con presión sobre los testigos y supresión de evidencias favorables para los acusados”, dice abogado Robert Boyle, quien se dedica a la defensa legal. “Los presos políticos casi nunca reciben el beneficio de la libertad condicional que les corresponde.

Realmente son muchos los casos de personas quienes padecen por años la espera de su ejecución y sobre los que, bien antes o después de ejecutados, se demuestra que eran inocentes. Desde 1973 han sido salvadas de la muerte cerca de 90 personas porque a último momento fueron reconocidas inocentes. Otros muchos no tuvieron igual suerte.

“Hay muchas condenas fabricadas, con presión sobre los testigos y supresión de evidencias favorables para los acusados”, dice abogado Robert Boyle, quien se dedica a la defensa legal. “Los presos políticos casi nunca reciben el beneficio de la libertad condicional que les corresponde. Además es enorme la presión de las asociaciones de policías para impedir la liberación de los que son acusados de la muerte de algún compañero.”

A menudo para las condenas se utiliza el término de “conspiración sediciosa” (basado en una añeja ley de 1861) como un instrumento de criminalización de la contestación popular”. “Esa regla deniega prueba material del crimen y lleva a la cárcel quien comete el delito de intención”

Todo empeoró notablemente después de los atentados de 2001 y de la declaración de la llamada “guerra contra el terrorismo”, con la aprobación de la Ley Patriota, que debilitó aún más las salvaguardias legales para los sospechosos de actuar contra el Estado. Nuevas olas de prisioneros, en su mayoría de origen musulmán, se convirtieron en blanco de esa suerte de “justicia”.

EL RÉGIMEN CARCELARIO

Ese país detenta la distinción de tener la tasa de encarcelamiento más alta del mundo no sólo como porcentaje de la población sino también en números absolutos. Unos dos millones y medio de personas permanecen en las cárceles; uno de cada cinco reos en el planeta está en una prisión de EE.UU. (según el Pew Center on the States). Es de destacar que más de la mitad han sido encarcelados sin haber sido declarados culpable.

Las cárceles estadounidenses y el tratamiento que reciben los presos tienden a eliminar mucho de aquello que nos hace humanos. Siguen utilizando el aislamiento como mecanismo para afrontar la ociosidad y las malas conductas.

Es un sistema que perpetua ciclos intergeneracionales de violencia y encarcelamiento en comunidades marginales, que no son pocas, y en las prisiones ya sobrecargadas, dado el impacto de esa particular aplicación de la justicia penal.

Los cambios en las leyes y políticas de sentencia, no los cambios en las tasas de criminalidad, explican la mayor parte del aumento de la población carcelaria. Estas tendencias han resultado en hacinamiento carcelario y cargas fiscales para los estados para adaptarse a un sistema penal en rápida expansión, a pesar de la creciente evidencia de que el encarcelamiento a gran escala no es un medio eficaz para lograr la seguridad pública.

Un informe publicado el 28 de septiembre de 2023 por expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas condena el racismo sistémico en el sistema de justicia penal y la policía de Estados Unidos, al tiempo que describe las condiciones carcelarias “espantosas” y denuncia el trabajo forzoso no remunerado de los presos como una “forma contemporánea de esclavitud”.

El informe del Mecanismo Internacional de Expertos Independientes de las Naciones Unidas para promover la justicia y la igualdad racial en el contexto de la aplicación de la ley se originó tras una visita a los Estados Unidos, a comienzos de 2023, de un equipo de expertos en derechos humanos. Los funcionarios de la ONU recogieron testimonios de 133 personas afectadas, visitaron cinco prisiones y cárceles y mantuvieron reuniones con grupos de defensa y numerosos funcionarios gubernamentales y policiales en Atlanta, Chicago, Los Ángeles, Minneapolis, Nueva York y Washington, D.C.

“En todas las ciudades a las que fuimos, escuchamos decenas de testimonios desgarradores sobre cómo las víctimas no obtienen justicia ni reparación. Esto no es nuevo y es inaceptable”.

Ya antes, en noviembre de 2014, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó preocupación por “el número desproporcionado de jóvenes afroamericanos que mueren en encuentros con la policía, que se encuentran en prisión o que están condenados a muerte en Estados Unidos".

En la historia del sistema de prisiones en los Estados Unidos se destaca el impacto desigual que ha tenido y tiene sobre las minorías. Muchas evidencias indican que su carácter problemático y sus manifestaciones de discriminación y crueldad son consecuencia de prácticas raciales y políticas pasadas y presentes que bien grafican las realidades actuales y la situación de los presos políticos. Mientras que constituyen un octavo de la población, los negros son casi la mitad de los prisioneros del país.

Mientras están en prisión, una buena parte de los presos a menudo se politizan al tomar conciencia de los factores sociales y raciales que han influido en su encarcelamiento. Esta politización resulta en una mayor represión por parte de las autoridades penitenciarias.

Las cárceles estadounidenses fracasan estrepitosamente a la hora de preparar a las personas para una vida exitosa y respetuosa de la ley después de su liberación. El 68 por ciento fue arrestado dentro de los tres años y el 83 por ciento fue arrestado dentro de los nueve años posteriores a su liberación.

No es difícil entender las causas de ese fracaso por qué tales cárceles fracasan en gran medida a la hora de preparar a las personas para regresar exitosamente a la sociedad. Las prisiones estadounidenses son peligrosas. En su mayoría carecen de personal y están superpobladas. Debido a una supervisión inadecuada, los presos están expuestos allí a niveles increíbles de violencia.

Pero cuando más de 113 millones de estadounidenses han tenido un familiar cercano en la cárcel o prisión, los costos sociales pueden ser catastróficos.

Muchos estados rechazaron el papel de la rehabilitación y redujeron el número de programas educativos y de rehabilitación disponibles. En Florida, que es el tercer sistema penitenciario más grande del país, prácticamente no existen programas educativos para los reclusos.

El envejecimiento de la población carcelaria se ha triplicado en las últimas dos décadas. Estas instalaciones, que ofrecen atención médica deficiente y un ambiente estresante, no están equipadas para atender a una población que envejece, y que por miles mueren allí.

La situación se agrava pues, como se sabe muchas prisiones están ubicadas lejos de las ciudades y a cientos de kilómetros de las familias de los presos. La mala ubicación de las prisiones también aumenta la probabilidad de que se preste una atención inadecuada a las personas con problemas mentales graves, que están ampliamente presentes en dichas prisiones. Las cárceles de zonas remotas y rurales no contratan ni retienen a profesionales de la salud mental.

ENCARCELAMIENTO Y POBREZA

La pobreza y las sanciones legales excesivas contribuyen significativamente a la alta tasa de encarcelamiento en Estados Unidos, que ha afectado desproporcionadamente a las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos, así como a personas sin hogar. Se estima que más de 552.000 personas en el país se encuentran sin hogar.

Actualmente permanecen en prisión unas 2,2 millones de personas, casi la mitad de las cuales por haber cometido delitos no violentos relacionados con drogas. Una cuarta parte de todos los encarcelados en el país (555.000 personas) se encuentran en prisión preventiva, principalmente porque no pueden pagar la fianza. Otros son encarcelados indirectamente por su pobreza, como por violaciones relacionadas con la falta de vivienda y dados diversos comportamientos relacionados con las personas sin hogar.

Esta alta tasa de encarcelamiento no se debe a que la delincuencia haya aumentado; de hecho, las tasas de criminalidad han disminuido desde la década de 1990. Más bien, la tasa de arrestos —particularmente por delitos relacionados con drogas, o su simple posesión— aumentó dramáticamente, mientras que las sentencias se han vuelto más largas...

La proporción de la población encarcelada que estaba en la pobreza antes de ser arrestada, equivale al 57 por ciento para los hombres y al 72 por ciento para las mujeres, a pesar de una tasa de pobreza nacional del 11,8 por ciento.

Numerosos estudios han demostrado que cuanto mayor sea la desigualdad, más probable será la delincuencia en una zona.

Actualmente, Estados Unidos está encarcelando a aproximadamente 1 millón de personas por delitos menores relacionados con drogas, delitos contra la propiedad y diversos delitos relacionados indirectamente con su pobreza. Aproximadamente medio millón de personas están encarceladas relacionados con drogas, o su simple posesión— aumentó dramáticamente, mientras que las sentencias se han vuelto más largas...

La proporción de la población encarcelada que estaba en la pobreza antes de ser arrestada, equivale al 57% para los hombres y al 72% para las mujeres, a pesar de una tasa de pobreza nacional del 11,8 %.

Numerosos estudios han demostrado que cuanto mayor sea la desigualdad, más probable será la delincuencia en una zona.

Actualmente, Estados Unidos está encarcelando a aproximadamente 1 millón de personas por delitos menores relacionados con drogas, contra la propiedad o diversos delitos relacionados indirectamente con su pobreza. Aproximadamente medio millón de personas están encarceladas por no poder pagar su liberación. Se estima que 10 millones de personas deben 50 mil millones de dólares en honorarios legales, multas y sanciones. El uso de fianzas en efectivo y sanciones monetarias significan un castigo que afecta sobre todo a las personas por su pobreza, impacta desproporcionadamente a las minorías raciales y étnicas y no constituye un elemento disuasorio.

La mayoría de los reclusos están recluidos en prisiones estatales y locales, no en prisiones federales. Son más de 1,3 millones de personas las recluidas en prisiones estatales, mientras que unas 600.000 personas tras las rejas se encuentran en alguna de las más de 3.000 cárceles locales del país.

Estas cárceles, a veces denominadas la “puerta de entrada” del sistema de justicia penal, a menudo retienen a personas que aún no han sido condenadas por un delito... En muchas ciudades y estados, el dinero suele decidir quién permanece en la cárcel y quién sale.

La Oficina de Estadísticas de Justicia (BJS) informa que en 2016, casi dos tercios de todos los reclusos en las cárceles locales no habían sido condenados.

Los defensores rápidamente señalarán cómo este sistema coloca a los pobres en una enorme desventaja. Atrapados en la cárcel porque no pueden pagar la fianza, los reclusos no pueden trabajar ni mantener a sus familias, lo que los hace particularmente susceptibles a la espiral de deudas y encarcelamiento.

PRIVATIZACIÓN DE CÁRCELES Y EXPLOTACIÓN LABORAL

Las prisiones en Estados Unidos albergan y esconden también un considerable segmento oculto de fuerza de trabajo y de muy lucrativos negocios. La explotación de esa mano de obra tiene lugar mediante el alquiler de presos a empresas privadas de todo tipo, así como por la creciente privatización de los centros penitenciarios. Es un modelo de negocio que depende de encarcelar a más y más personas.

Casi todas las prisiones para adultos estatales desarrollan algún tipo de programa de trabajo y emplean a unas 800.000 personas. Una cláusula de excepción de una enmienda constitucional de la segunda mitad del siglo XIX proporciona cobertura legal a estos sistemas de trabajo penal.

En total, la mano de obra vinculada específicamente a bienes y servicios producidos a través de las industrias penitenciarias estatales generó más de $2 mil millones en 2021, según el informe de la ACLU. Otro tanto se genera con el trabajo de los reclusos en prisiones federales y en las cárceles locales.

Cientos de corporaciones se benefician del trabajo de los reclusos, incluidas algunas de las más grandes corporaciones en ciertos giros. El 7% de los presos estatales y el 18% de los presos federales están empleados por empresas con fines de lucro. Con alrededor de 2,2 millones de personas encarceladas, el trabajo penitenciario estadounidense de todos los sectores se ha transformado en un imperio multimillonario.

Es una especie de moderno complejo industrial penitenciario de Estados Unidos. Para el sistema de prisiones resultaba claro que los mayores ingresos procedían de las operaciones en expansión en el Sur y del alquiler de prisioneros a las empresas.

Redes intrincadas e invisibles vinculan a algunas de las empresas de alimentos más grandes del mundo y a las marcas más populares con trabajos realizados por prisioneros estadounidenses en todo el país, y cuyas labores fomentan las cadenas de suministro de gigantes como McDonald's, Walmart y Cargill, y muchas cadenas de supermercados como Target, Whole Foods y otras.

La carne de matadero donde se emplea mano de obra contratada con las prisiones termina en las cadenas de suministro de algunas de las cadenas de comida rápida, supermercados y exportadores de carne más grandes del país, incluidos Burger King, Sam's Club y Tyson Foods.

Los salarios equivalen a menos de $1 por hora en la mayoría de los programas de trabajo penal con jornadas laborales de hasta 12 horas. La escala salarial para los presos federales es de 0,12 a 0,40 dólares por hora. Los pocos que consiguen les sean asignados empleos mejor pagados en la industria estatal pueden ganar sólo un dólar la hora.

Aunque muchas empresas pagan el salario mínimo, algunos estados embargan más de la mitad de sus salarios en concepto de alojamiento, comida y honorarios judiciales. En Texas, a los reclusos no se les paga por su trabajo. El sistema de trabajo penal de Texas, administrado por Texas Correctional Industries, está valorado en $88,9 millones en 2014.

El valor anual estimado de la producción industrial de prisiones y cárceles es de 2 mil millones de dólares. El negocio del trabajo penitenciario es tan vasto y complicado que rastrear el dinero puede resultar un desafío. Algunos programas generan dudas en las auditorías estatales y provocan investigaciones sobre posible corrupción, mala gestión o ineficiencia general. No obstante, para muchos estados, son los programas que denominan de “liberación laboral” los que se han convertido en los mayores generadores de efectivo.

En Luisiana, donde más de 1.200 empresas contratan presos a través del régimen de libertad laboral, los alguaciles obtienen entre 10 y 20 dólares al día por cada preso estatal que alojan en cárceles locales para ayudar a aliviar el hacinamiento. Y pueden deducir más de la mitad de los salarios ganados por aquellos subcontratados a empresas, una enorme fuente de ingresos para los condados pequeños.

Algunos estados tienen cárceles y prisiones administradas de forma privada, generalmente por una corporación. Básicamente, el estado contrata estas instalaciones privadas para albergar a los prisioneros y luego no tiene control sobre cómo funcionan las mismas.

Además de las granjas gigantes, al menos 650 instalaciones correccionales en todo el país tienen prisioneros que realizan trabajos como cuidado de invernaderos y sembrados, cría de ganado, apicultura e incluso piscicultura.

Una ojeada particularmente interesante para comprender el negocio del trabajo penitenciario y el complejo movimiento de productos agrícolas, fue realizado no hace mucho a lo largo del país por la agencia Associated Press (AP). Se recopiló información de los 50 estados, a través de solicitudes de registros públicos y consultas a los departamentos penitenciarios.

Un aspecto puntual de la investigación destaca el caso del complejo penitenciario conocido como conocido como “Angola”, uno de los más grandes del país y radicado en el estado de Luisiana. Como en muchas otras instituciones de su tipo los hombres que cumplen sentencias se ven obligados a trabajar por unos centavos la hora o, a veces, por nada en absoluto.

Esa institución es imponente por su enorme escala. El llamado “Alcatraz del Sur” está escondido muy lejos, rodeado de pantanos infestados de caimanes en un recodo del río Misisipi. Se extiende por 18.000 acres (un área más grande que la isla de Manhattan) y tiene su propio código postal.

La antigua plantación anterior a la guerra del siglo XIX fue propiedad de uno de los traficantes de esclavos más grandes de Estados Unidos. Hoy en día, alberga a unos 3.800 hombres detrás de sus muros de alambre de púas, alrededor del 65 por ciento de ellos negros. A los pocos días de su llegada, normalmente se dirigen a los campos, a veces usando azadas y palas o recogiendo cultivos a mano. Al principio trabajan gratis, pero luego pueden ganar entre 2 y 40 céntimos la hora.

Un recluso, Calvin Thomas, que pasó más de 17 años en Angola, dijo al equipo de AP que cualquiera que se negara a trabajar, no produjera lo suficiente o simplemente saliera de las largas filas sabía que habría consecuencia. “No se puede llamar de otra manera”, dijo. “Es simplemente esclavitud”.

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(*) (Cienfuegos, 1942) Licenciado en Historia, Universidad de La Habana, 1976. Cursó estudios de post grado en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) y en la Universidad de La Habana.
En su juventud tuvo responsabilidades en organizaciones revolucionarias juveniles, y participó en actividades en defensa de la joven revolución cubana.
Profesor de la Universidad Central “Marta Abreu” en Villa Clara antes de pasar a trabajar durante más de 30 años como funcionario del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, fundamentalmente a cargo de asuntos de América del Norte. Cumplió misiones diplomáticas en varios países.

Con nuestro sello ha editado "Estados Unidos una mirada a sus entrañas" y "Estados Unidos en la encrucijada"