El escenario sanitario y político es de extrema gravedad. El gobierno de Jair Bolsonaro atraviesa la pandemia con varios miembros de su gabinete citados a indagatorias por el Poder Judicial, y entre contradicciones con sus ministros y renuncias, forcejea por imponer la cloroquina como tratamiento al Covid-19.

Una respuesta caótica a la crisis sanitaria y el maquillaje de las estadísticas
Mientras se escriben estas notas Brasil pasa de 700.000 casos confirmados y 37.000 muertos de Covid-19.

El jueves 4 de junio, los datos fueron divulgados después de 22 horas, momento en que finalizaba el “Jornal Nacional” -el noticiero con mayor audiencia emitido por la TV Globo-, llevando al medio de comunicación a interrumpir su programación para realizar el informe sobre la pandemia. En la noche del viernes 5 de junio, la información consolidada respecto al Covid-19 salió del sitio de Ministerio de Salud hasta la tarde del sábado. El gobierno federal dejó de informar el total de fallecidos por la pandemia y el presidente dijo que “es mejor para Brasil”. A partir de entonces, el Ministerio sólo va divulgar el número de nuevos casos de la enfermedad y los fallecimientos registrados en las últimas 24 horas.

Las críticas por la manipulación de las estadísticas crecen de hora en hora. Gilmar Mendes, juez del Supremo Tribunal Federal, señaló que “la manipulación estadística es propia de los regímenes totalitarios” y que “el truco no lo va exceptuar de la responsabilidad por un eventual genocidio”. El presidente de la Cámara de Diputados, el centro-derechista Rodrigo Maia, apeló al general Eduardo Pazuello, ministro de Salud interino, para que “restableciese los datos, la transparencia”. La Sociedad Brasileña de Infectología publicó una nota de repudio, la cual señala que “es un fundamental que en una pandemia de tal magnitud tengamos los números reales (…) para evaluación de las actuales medidas y el planeamiento de las acciones”.

La política del gobierno fue errática desde el inicio de la propagación del nuevo Coronavirus en Brasil, expresándose fundamentalmente en las contradicciones del presidente con su propio Ministerio de Salud. La subestimación de Bolsonaro sobre la enfermedad (a la que consideró una “gripecita”), y sus argumentaciones a favor de una política de aislamiento sanitario vertical (que sólo debía ser considerada para personas mayores de 60 años e inmunodeprimidos) y el uso de cloroquina (un medicamento cuestionado por la comunidad médica por no dar resultados positivos contra el SARS-CoV-2 y potenciar los riesgos de muerte de los pacientes) son los principales puntos que tensionaron las relaciones.

El 16 de abril, el por entonces ministro de Salud -el médico Luiz Henrique Mandetta- fue removido de su cargo y reemplazado al día siguiente por el oncólogo y empresario Nelson Teich, con un perfil comunicacional más modesto y, en principio, más alineado a los dictados de Bolsonaro. Sin embargo, el incremento exponencial de casos, la insistencia presidencial por el uso de la cloroquina y otras desavenencias con el primer mandatario, llevaron a su renuncia antes de cumplir un mes en el nuevo cargo. A partir de allí, el general Pazuello -sin ninguna formación médica- quedó al frente del ministerio de Salud en forma interina. El gigante sudamericano informaba oficialmente por entonces unos 15.000 fallecidos.

El interinato de Pazuello se mantiene hasta la fecha. Quienes defienden su posición al frente de la cartera sostienen que “el secreto da la gestión es saber usar el equipo”. Lo cierto es que el ministerio bajo su gestión ya estableció un protocolo para el uso de cloroquina e hidroxicloroquina en el tratamiento precoz de la enfermedad, generándose divergencias entre entidades médicas respecto a la medida.

Otro cambio significativo fue el mencionado respecto a la información del número de casos confirmados y el total de personas fallecidas. En este caso, las autoridades de Salud de las 27 jurisdicciones estaduales y una red de diferentes medios de comunicación intentan suplir esa responsabilidad.

Al mismo tiempo, el presidente amenazó con retirar a Brasil de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que llevaría a la suspensión de acuerdos internacionales e impactaría en los programas de salud que se llevan adelante actualmente en el país.

La crisis política
A los pocos días de la salida de Mandetta, el gobierno tuvo que engullir la de Sergio Moro, quien se fue ventilando conversaciones gravísimas de la reunión del gabinete de ministros del día 22 de abril y denunciando los intentos de Bolsonaro de intervenir políticamente en las investigaciones de la Policía Federal.

Actualmente, el de Bolsonaro es un gobierno cada vez más debilitado con enormes pérdidas en el apoyo de la mayoría de los gobernadores. El presidente asiste a la división de la fuerza política que lo llevó al cargo (el Partido Social Liberal) y, actualmente, afronta los embates de las indagatorias que lleva adelante el Supremo Tribunal Federal (STF) incluyendo a su familia y ministros.

Según el resultado de la última encuesta Datafolha, la imagen negativa del presidente (encuestados que evalúan la gestión como mala o muy mala) creció del 38% en el mes de abril al 43% al mes de mayo. De todas maneras, su base de apoyo se mantuvo, con un 33% que lo considera bueno o excelente.

En ese marco, los grupos bolsonaristas más radicales se manifiestan cotidianamente con carteles que reclaman “intervención militar con Bolsonaro en el poder”, evocan la dictadura que azotó el país entre 1964 y 1985, y sugieren el cierre del STF y el Congreso.

Lucha antirracista y las movilizaciones antifascistas
Las operaciones militares en los barrios pobres de Rio de Janeiro ya han dejado un número de víctimas deplorable en los últimos años. En abril de 2019, diez militares dispararon unos 80 tiros contra el músico Evaldo dos Santos Rosa mientras se trasladaba con su familia en el barrio Guadalupe. El hecho le costó la vida a él y a Luciano Macedo, un hombre que intentó socorrer a la familia. El 18 de mayo de este año, João Pedro Mattos Pinto -un adolescente de 14 años que estaba reunido con unos amigos- fue asesinado por un disparo de fusil en São Gonçalo (Estado de Rio de Janeiro), luego de una operación de la Policía. La mayoría de las víctimas tienen un perfil similar: son negros.

Brasil, en 1888, fue el último país americano en abolir la esclavitud. Pero la violencia continúa descargándose diferenciadamente contra la población afrodescendiente. Aproximadamente, el 75% de los asesinatos de la policía y el 80% de la población carcelaria es negra. A diferencia de Estados Unidos, en donde el asesinato de George Floyd originó rápidamente manifestaciones antirracistas, no ocurrió en Brasil una movilización similar por el homicidio de João Pedro. Sin embargo, las acciones del movimiento negro brasileño tienen un largo historial de luchas y resistencias que vale recordar.

A esta situación, se le agregó -desde el domingo 31 de mayo de 2020- la manifestación callejera de diferentes colectivos y “torcidas” (hinchadas) antifascistas de los clubes de fútbol que se manifestaron São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba y Porto Alegre al grito de "dictadura nunca más" y “democracia”. No es la primera vez que el fútbol incide en la política; en la década de 1980 el activismo de Sócrates y otros jugadores de Corinthians se expresó en la lucha democrática de este país.

Las acciones antifascistas abrieron el debate en el campo popular y la izquierda sobre qué hacer frente a la avanzada autoritaria del gobierno. Algunos de ellos se expresaron con posiciones similares al antropólogo y politólogo Luiz Eduardo Soares (uno de los autores de “Elite de la tropa”) llamando la atención sobre los peligros de concurrir a esas manifestaciones, sosteniendo la posibilidad de que las mismas sean infiltradas y se genere una situación de caos social que justifique a Bolsonaro realizar una ruptura institucional y declarar el Estado de Sitio. Esa perspectiva fue contestada por diferentes referentes políticos de la izquierda, Glauber Braga y Guilherme Boulos del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) cuestionaron que esas ideas llevan a aguardar pasivamente las próximas elecciones y que la posibilidad de infiltrados siempre existe.

El domingo 7 de junio -adoptando medidas de distanciamiento, uso de máscaras y distribución de alcohol en gel- se registraron movilizaciones contra el gobierno en las calles de 20 Estados brasileños y unas 33 ciudades. A las “torcidas” se sumaron el movimiento negro y el Frente Pueblo Sin Miedo (compuesto por más de 30 movimientos entre los que se destacan el Movimiento de Trabajadores Sin Techo -MSTS-, la Unión Nacional de Estudiantes -UNE-, la Central de Trabajadores y Trabajadores de Brasil -CTB- y diferentes partidos políticos).

Las consecuencias de la crisis sanitaria y política aún son imprevisibles. El debate popular y político de qué hacer continúa abierto.