Brasil superó los 70.000 muertos y 1.800.000 casos de Covid-19; el propio presidente Jair Bolsonaro informó que había dado positivo su test. La Associação Brasileira de Imprensa (ABI) -entidad representativa de los periodistas- llamó de “criminal” la actitud del presidente de quitarse la máscara delante de los trabajadores de prensa cuando ya había confirmado que estaba enfermo.

El gobierno atraviesa dificultades en diferentes ámbitos, pero las medidas adoptadas se asemejan más a un plan eugenésico que a una búsqueda de salida de la crisis.

De las noticias falsas a los testeos: un largo y dudoso camino
El 7 de julio, Bolsonaro informó que testeó positivo para el Covid-19. Sin embargo, las sospechas sobre la autenticidad de la prueba se expandieron en las redes. Es que un largo camino de utilización de acontecimientos parece ir de la mano con el desarrollo político de los últimos años en Brasil. En este caso, la enfermedad permite apartar momentáneamente al presidente del centro de la escena, presentarlo como un hombre fuerte y reforzar la actitud negacionista sobre la gravedad de la pandemia.

En abril de 2018, Luiz Inácio ‘Lula’ Da Silva -el dirigente político con mayor popularidad en la historia de Brasil- fue encarcelado luego de un proceso judicial donde las motivaciones políticas sobresalieron.

Eliminado ‘Lula’ de la contienda electoral, a inicios de septiembre del mismo año, un atentado con cuchillo al por entonces diputado federal Jair Bolsonaro cambió abruptamente el escenario. El candidato de la derecha salía oportunamente de los debates con otros candidatos y la intención de votos a su figura se disparaba el mismo día. Las teorías conspirativas -explicaciones a veces posibles, pero claramente sin pruebas precisas y concluyentes- sobre el comportamiento del agresor, los guardaespaldas y los beneficiarios de la agresión sembraron dudas sobre la autoría intelectual. El cineasta Paulo Machline -candidato al Oscar en 2001- sostuvo en ese contexto: “Como la realidad nos ha enseñado, en el Brasil de hoy no será una sorpresa si un día concluimos que, de hecho, todo fue una gran farsa”.

Sin embargo, el uso de noticias falsas ya fue realizado por el propio candidato Bolsonaro. En la campaña electoral de 2018 presentó un libro que según él promovía la homosexualidad y formaba parte de un kit escolar para educación sexual que supuestamente serían obra de la gestión del Partido dos Trabalhadores (PT). En realidad, el libro no formaba parte de ningún kit escolar y no había sido adquirido por el Ministerio de Educación. Por el contrario, la campaña “Escuela sin homofobia” fue suspendida por el gobierno de Dilma Rousseff en 2011 por presión de los sectores conservadores de la sociedad y el Congreso, y sus materiales escolares no llegaron a ser impresos. Además, los simpatizantes de Bolsonaro viralizaron en Facebook y WhatsApp una noticia que presentaba una mamadera en forma de pene que supuestamente era distribuida en las guarderías públicas. Una parte de la población -partícipe de una fuerte corriente social reaccionaria y prejuiciosa- creyó en la veracidad del contenido y se indignaba a una semana de la primera vuelta electoral.

En la actualidad, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) todavía no cerró las investigaciones sobre la campaña presidencial de 2018 referente a las noticias falsas distribuidas a través de cuentas de Facebook y WhatsApp. Las acciones habrían incluido también el uso de hackers para realizar ciberataques a cuentas de los otros competidores. Las indagatorias tienen como principales acusados a Bolsonaro y al vicepresidente Hamilton Mourão.

El Supremo Tribunal de Justicia (STF) del gigante sudamericano también sigue una investigación que inició José Antonio Días Toffoli en marzo de 2019. Su objetivo es investigar los ataques contra la Corte y sus jueces a través de calumnias y amenazas. En los últimos meses, algunos partidarios de Bolsonaro han sido alcanzados por esta investigación, incluido el exministro de Educación Abraham Weintraub quien -en una reunión ministerial que fue grabada- se refirió a los jueces de forma insultante y manifestó que deseaba que fueran todos presos.

El STF también tiene abiertas las indagatorias por manifestaciones antidemocráticas que llamaron al cierre del Congreso y la Corte. Las movilizaciones promovían, además, una reedición del Acto Institucional N° 5 (AI 5), el cual endureció la dictadura militar brasileña en la década de 1960. En el mes pasado, las investigaciones llevaron a prisión a Sara Giromini (jefa del grupo de extrema derecha 300 do Brasil) y otros militantes. Asimismo, se estableció la quiebra del sigilo bancario de legisladores bolsonaristas.

En la última semana, presionado por activistas y anunciantes, Facebook -cuya responsabilidad en permitir la transmisión de noticias falsas ha sido cuestionada internacionalmente en los últimos años- canceló más de 80 cuentas y páginas de los hijos de Bolsonaro y otros políticos afines por “comportamiento inauténtico coordinado”. Con la finalidad de manipular la opinión pública, las cuentas hacían uso de identidades ficticias y publicaban contenidos aparentando ser medios de prensa.

Sara Giromini, la principal portavoz del grupo '300 de Brasil'


El caso Queiroz
A poco de haber obtenido el triunfo electoral, en diciembre de 2018, el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) publicó un informe que señalaba movimientos inusuales por un monto de aproximado a US$ 300.000 en una cuenta bancaria de Fabrício Queiroz, por entonces asistente de Flávio Bolsonaro (hijo del presidente y actualmente senador federal).

Después de estar prófugo por más de un año, Queiroz fue arrestado el último 18 de junio. El exasistente y la familia del presidente están acusados de participar de un esquema de malversación y lavado de dinero. Entre otras cosas, existen investigaciones sobre las sospechas en torno al sostenimiento de grupos de extrema derecha a través de estos fondos.

Educación: controversias a la carta
Milton Ribeiro fue nombrado este viernes 10 de julio como ministro de Educación, el cuarto en lo que va de gobierno.

El primero en ocupar el cargo fue Ricardo Vélez Rodríguez quien defendía una mayor restricción en el acceso a las universidades públicas y la alteración de libros didácticos que cuestionaran el golpe de Estado de 1964. En abril de 2019, con apenas un poco más de 3 meses en el comando del ministerio, fue sustituido por Abraham Weintraub.

Weintraub debutó con un anunció de recorte a las universidades federales y -a mediados del año pasado- lanzó el programa Future-se, destinado a la mercantilización y privatización de las universidades a través de promover su financiamiento por medio de fundaciones y fondos de inversión. A poco de ser declarada la pandemia, Weintraub se expresó con comentarios xenófobos y acusatorios contra China, haciendo alusión al “virus chino” (una escasez de prudencia que fue imitada por Ernesto Araújo -ministro de Relaciones Exteriores- al hacer referencia al enfrentamiento del “comunavirus”, al que consideró un plan comunista que aprovecha las condiciones de la pandemia para dominar el mundo). Las declaraciones del 22 de abril contra el STF y su participación en movilizaciones contra la democracia lo colocaron dentro de las investigaciones llevadas adelante por la Corte. En sus últimas acciones como ministro, también anunció un decreto (luego anulado) que liberaba a las instituciones públicas de educación superior del deber de presentar planes de inclusión para negros, indígenas y discapacitados en programas de posgrado (maestría, especialización y doctorado). Luego de su salida del ministerio, fue indicado por el gobierno para un cargo de director ejecutivo en el Banco Mundial, por lo que viajó inmediatamente a los Estados Unidos.

El tercer ministro -Carlos Decotelli- no llegó ni siquiera a la ceremonia de asunción del cargo y renunció a cinco días de su nombramiento. El funcionario presentaba en su currículum que era Doctor en Administración por la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) y la conclusión de un Posdoctorado en la Universidad de Wuppertal (Alemania), lo cual fue negado por las autoridades de ambas instituciones. Ante el rápido desgaste de su imagen, Decotelli presentó la renuncia el 30 de junio.

El nuevo ministro Ribeiro es pastor evangélico y está ligado a la Universidad Presbiteriana Mackenzie, una de las principales universidades privadas de São Paulo. Se trata de una decisión que permite alinear mayores apoyos en la bancada evangélica del Congreso y evitar el juicio político del presidente.

El plan neoliberal: pasar el ganado y privatizar
La situación ambiental es otro de los temas que despierta fuertes cuestionamientos. En la ya mencionada reunión de gabinete de ministros del día 22 de abril, el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles sugirió aprovechar que la atención de la opinión pública está concentrada en la pandemia para “pasar a boiada” -lo que literalmente significa pasar el ganado y de modo metafórico indicaría avanzar enérgicamente- y flexibilizar la legislación ambiental.

Recientemente, un grupo de grandes empresas transnacionales brasileñas -como Bradesco, Itaú, Marfrig, Ambev, Natura, Suzano y Vale- con intereses de inversión en la región Amazónica ha reclamado acciones para detener la deforestación al vicepresidente Mourão (coordinador del Consejo de la Amazonía). Las empresas temen tanto el boicot a sus productos en el exterior como a las amenazas sobre la continuidad del Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea.

La situación de agravamiento de la crisis ambiental va de la mano también con el aumento de la vulnerabilidad de los pueblos indígenas y la confiscación ilegal de sus tierras. Éstos ven crecer el número de contagios y fallecidos sin el debido acceso a la asistencia sanitaria.

Por su parte, el ministro de Economía Paulo Guedes aprovecha la crisis de salud para avanzar en su plan neoliberal. El 24 de junio fue aprobado en el Senado por 65 votos contra 13 el Proyecto de Ley 4.162/2019 que facilita la privatización de compañías estatales de agua y alcantarillado. Siguen entre sus prioridades, la privatización de Eletrobras y Correios.

Fernando Haddad (PT)

Frente amplio contra Bolsonaro: ¿cuál es el programa?
El día 7 de junio el país presenciaba las movilizaciones callejeras antifascistas y antirracistas de las hinchadas de clubes fútbol, el movimiento negro y el Frente Pueblo Sin Miedo. De forma paralela, en una entrevista televisiva en el canal Globo News, el expresidente Fernando Henrique Cardoso (Partido Social-Demócrata Brasileiro -PSDB-) y los ex candidatos presidenciales Ciro Gomes (Partido Democrático Trabalhista -PDT-) y Marina Silva (Rede) defendieron la necesidad de un frente amplio para proteger la democracia.

Sin embargo, fue notoria la ausencia de Fernando Haddad (PT), el candidato que saliera segundo en las elecciones de 2018. Para el PT también es difícil unirse con el partido de Cardoso -uno de los principales instigadores del golpe parlamentario a Dilma Rousseff- y con Ciro Gomes. Este último decidió viajar a París al final de la primera vuelta electoral y negó el apoyo a Haddad frente al avance de la ultraderecha.

Finalmente, las divergencias en torno al enjuiciamiento político del presidente y los posicionamientos frente a las privatizaciones abren una enorme incertidumbre sobre las posibilidades de construir un programa conjunto.

Brasil superó los 70.000 muertos y 1.800.000 casos de Covid-19; el propio presidente Jair Bolsonaro informó que había dado positivo su test. La Associação Brasileira de Imprensa (ABI) -entidad representativa de los periodistas- llamó de “criminal” la actitud del presidente de quitarse la máscara delante de los trabajadores de prensa cuando ya había confirmado que estaba enfermo. El gobierno atraviesa dificultades en diferentes ámbitos, pero las medidas adoptadas se asemejan más a un plan eugenésico que a una búsqueda de salida de la crisis. De las noticias falsas a los testeos: un largo y dudoso camino El 7 de julio, Bolsonaro informó que testeó positivo para el Covid-19. Sin embargo, las sospechas sobre la autenticidad de la prueba se expandieron en las redes. Es que un largo camino de utilización de acontecimientos parece ir de la mano con el desarrollo político de los últimos años en Brasil. En este caso, la enfermedad permite apartar momentáneamente al presidente del centro de la escena, presentarlo como un hombre fuerte y reforzar la actitud negacionista sobre la gravedad de la pandemia. En abril de 2018, Luiz Inácio ‘Lula’ Da Silva -el dirigente político con mayor popularidad en la historia de Brasil- fue encarcelado luego de un proceso judicial donde las motivaciones políticas sobresalieron. Eliminado ‘Lula’ de la contienda electoral, a inicios de septiembre del mismo año, un atentado con cuchillo al por entonces diputado federal Jair Bolsonaro cambió abruptamente el escenario. El candidato de la derecha salía oportunamente de los debates con otros candidatos y la intención de votos a su figura se disparaba el mismo día. Las teorías conspirativas -explicaciones a veces posibles, pero claramente sin pruebas precisas y concluyentes- sobre el comportamiento del agresor, los guardaespaldas y los beneficiarios de la agresión sembraron dudas sobre la autoría intelectual. El cineasta Paulo Machline -candidato al Oscar en 2001- sostuvo en ese contexto: “Como la realidad nos ha enseñado, en el Brasil de hoy no será una sorpresa si un día concluimos que, de hecho, todo fue una gran farsa”. Sin embargo, el uso de noticias falsas ya fue realizado por el propio candidato Bolsonaro. En la campaña electoral de 2018 presentó un libro que según él promovía la homosexualidad y formaba parte de un kit escolar para educación sexual que supuestamente serían obra de la gestión del Partido dos Trabalhadores (PT). En realidad, el libro no formaba parte de ningún kit escolar y no había sido adquirido por el Ministerio de Educación. Por el contrario, la campaña “Escuela sin homofobia” fue suspendida por el gobierno de Dilma Rousseff en 2011 por presión de los sectores conservadores de la sociedad y el Congreso, y sus materiales escolares no llegaron a ser impresos. Además, los simpatizantes de Bolsonaro viralizaron en Facebook y WhatsApp una noticia que presentaba una mamadera en forma de pene que supuestamente era distribuida en las guarderías públicas. Una parte de la población -partícipe de una fuerte corriente social reaccionaria y prejuiciosa- creyó en la veracidad del contenido y se indignaba a una semana de la primera vuelta electoral. En la actualidad, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) todavía no cerró las investigaciones sobre la campaña presidencial de 2018 referente a las noticias falsas distribuidas a través de cuentas de Facebook y WhatsApp. Las acciones habrían incluido también el uso de hackers para realizar ciberataques a cuentas de los otros competidores. Las indagatorias tienen como principales acusados a Bolsonaro y al vicepresidente Hamilton Mourão. El Supremo Tribunal de Justicia (STF) del gigante sudamericano también sigue una investigación que inició José Antonio Días Toffoli en marzo de 2019. Su objetivo es investigar los ataques contra la Corte y sus jueces a través de calumnias y amenazas. En los últimos meses, algunos partidarios de Bolsonaro han sido alcanzados por esta investigación, incluido el exministro de Educación Abraham Weintraub quien -en una reunión ministerial que fue grabada- se refirió a los jueces de forma insultante y manifestó que deseaba que fueran todos presos. El STF también tiene abiertas las indagatorias por manifestaciones antidemocráticas que llamaron al cierre del Congreso y la Corte. Las movilizaciones promovían, además, una reedición del Acto Institucional N° 5 (AI 5), el cual endureció la dictadura militar brasileña en la década de 1960. En el mes pasado, las investigaciones llevaron a prisión a Sara Giromini (jefa del grupo de extrema derecha 300 do Brasil) y otros militantes. Asimismo, se estableció la quiebra del sigilo bancario de legisladores bolsonaristas. En la última semana, presionado por activistas y anunciantes, Facebook -cuya responsabilidad en permitir la transmisión de noticias falsas ha sido cuestionada internacionalmente en los últimos años- canceló más de 80 cuentas y páginas de los hijos de Bolsonaro y otros políticos afines por “comportamiento inauténtico coordinado”. Con la finalidad de manipular la opinión pública, las cuentas hacían uso de identidades ficticias y publicaban contenidos aparentando ser medios de prensa. Sara Giromini, la principal portavoz del grupo '300 de Brasil' El caso Queiroz A poco de haber obtenido el triunfo electoral, en diciembre de 2018, el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) publicó un informe que señalaba movimientos inusuales por un monto de aproximado a US$ 300.000 en una cuenta bancaria de Fabrício Queiroz, por entonces asistente de Flávio Bolsonaro (hijo del presidente y actualmente senador federal). Después de estar prófugo por más de un año, Queiroz fue arrestado el último 18 de junio. El exasistente y la familia del presidente están acusados de participar de un esquema de malversación y lavado de dinero. Entre otras cosas, existen investigaciones sobre las sospechas en torno al sostenimiento de grupos de extrema derecha a través de estos fondos. Educación: controversias a la carta Milton Ribeiro fue nombrado este viernes 10 de julio como ministro de Educación, el cuarto en lo que va de gobierno. El primero en ocupar el cargo fue Ricardo Vélez Rodríguez quien defendía una mayor restricción en el acceso a las universidades públicas y la alteración de libros didácticos que cuestionaran el golpe de Estado de 1964. En abril de 2019, con apenas un poco más de 3 meses en el comando del ministerio, fue sustituido por Abraham Weintraub. Weintraub debutó con un anunció de recorte a las universidades federales y -a mediados del año pasado- lanzó el programa Future-se, destinado a la mercantilización y privatización de las universidades a través de promover su financiamiento por medio de fundaciones y fondos de inversión. A poco de ser declarada la pandemia, Weintraub se expresó con comentarios xenófobos y acusatorios contra China, haciendo alusión al “virus chino” (una escasez de prudencia que fue imitada por Ernesto Araújo -ministro de Relaciones Exteriores- al hacer referencia al enfrentamiento del “comunavirus”, al que consideró un plan comunista que aprovecha las condiciones de la pandemia para dominar el mundo). Las declaraciones del 22 de abril contra el STF y su participación en movilizaciones contra la democracia lo colocaron dentro de las investigaciones llevadas adelante por la Corte. En sus últimas acciones como ministro, también anunció un decreto (luego anulado) que liberaba a las instituciones públicas de educación superior del deber de presentar planes de inclusión para negros, indígenas y discapacitados en programas de posgrado (maestría, especialización y doctorado). Luego de su salida del ministerio, fue indicado por el gobierno para un cargo de director ejecutivo en el Banco Mundial, por lo que viajó inmediatamente a los Estados Unidos. El tercer ministro -Carlos Decotelli- no llegó ni siquiera a la ceremonia de asunción del cargo y renunció a cinco días de su nombramiento. El funcionario presentaba en su currículum que era Doctor en Administración por la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) y la conclusión de un Posdoctorado en la Universidad de Wuppertal (Alemania), lo cual fue negado por las autoridades de ambas instituciones. Ante el rápido desgaste de su imagen, Decotelli presentó la renuncia el 30 de junio. El nuevo ministro Ribeiro es pastor evangélico y está ligado a la Universidad Presbiteriana Mackenzie, una de las principales universidades privadas de São Paulo. Se trata de una decisión que permite alinear mayores apoyos en la bancada evangélica del Congreso y evitar el juicio político del presidente. El plan neoliberal: pasar el ganado y privatizar La situación ambiental es otro de los temas que despierta fuertes cuestionamientos. En la ya mencionada reunión de gabinete de ministros del día 22 de abril, el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles sugirió aprovechar que la atención de la opinión pública está concentrada en la pandemia para “pasar a boiada” -lo que literalmente significa pasar el ganado y de modo metafórico indicaría avanzar enérgicamente- y flexibilizar la legislación ambiental. Recientemente, un grupo de grandes empresas transnacionales brasileñas -como Bradesco, Itaú, Marfrig, Ambev, Natura, Suzano y Vale- con intereses de inversión en la región Amazónica ha reclamado acciones para detener la deforestación al vicepresidente Mourão (coordinador del Consejo de la Amazonía). Las empresas temen tanto el boicot a sus productos en el exterior como a las amenazas sobre la continuidad del Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea. La situación de agravamiento de la crisis ambiental va de la mano también con el aumento de la vulnerabilidad de los pueblos indígenas y la confiscación ilegal de sus tierras. Éstos ven crecer el número de contagios y fallecidos sin el debido acceso a la asistencia sanitaria. Por su parte, el ministro de Economía Paulo Guedes aprovecha la crisis de salud para avanzar en su plan neoliberal. El 24 de junio fue aprobado en el Senado por 65 votos contra 13 el Proyecto de Ley 4.162/2019 que facilita la privatización de compañías estatales de agua y alcantarillado. Siguen entre sus prioridades, la privatización de Eletrobras y Correios. Fernando Haddad (PT) Frente amplio contra Bolsonaro: ¿cuál es el programa? El día 7 de junio el país presenciaba las movilizaciones callejeras antifascistas y antirracistas de las hinchadas de clubes fútbol, el movimiento negro y el Frente Pueblo Sin Miedo. De forma paralela, en una entrevista televisiva en el canal Globo News, el expresidente Fernando Henrique Cardoso (Partido Social-Demócrata Brasileiro -PSDB-) y los ex candidatos presidenciales Ciro Gomes (Partido Democrático Trabalhista -PDT-) y Marina Silva (Rede) defendieron la necesidad de un frente amplio para proteger la democracia. Sin embargo, fue notoria la ausencia de Fernando Haddad (PT), el candidato que saliera segundo en las elecciones de 2018. Para el PT también es difícil unirse con el partido de Cardoso -uno de los principales instigadores del golpe parlamentario a Dilma Rousseff- y con Ciro Gomes. Este último decidió viajar a París al final de la primera vuelta electoral y negó el apoyo a Haddad frente al avance de la ultraderecha. Finalmente, las divergencias en torno al enjuiciamiento político del presidente y los posicionamientos frente a las privatizaciones abren una enorme incertidumbre sobre las posibilidades de construir un programa conjunto. - VER MÁS ARTÍCULOS -

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