Sin lugar a dudas, se reconoce como saludable el crecimiento económico que está llevando a cabo nuestro país desde hace más de un año, con el consiguiente incremento del nivel de empleo. Pero al mismo tiempo, los elevados índices de inflación provocan un deterioro de los ingresos populares medidos en términos reales. Esto es consecuencia de que el ingreso nacional se está concentrando a manos de los sectores corporativos dominantes, perjudicando al conjunto de la sociedad.

 

Cierta rama del pensamiento económico propone la idea de que lo primero que debe hacerse es estabilizar la macroeconomía, consolidar un funcionamiento confiable y previsible, empujar un crecimiento continuo en el nivel de actividad y luego aprovechar esas condiciones favorables para mejorar la distribución del ingreso. En sentido inverso, y con una profunda convicción filosófica y humanista, el movimiento nacional, popular y latinoamericanista, está convencido de que lo que hay que hacer es distribuir para crecer. En este punto radica la diferencia conceptual entre unos y otros. Resumidamente, la ortodoxia dice que primero hay que crecer y luego distribuir. En cambio, la heterodoxia, los peronistas, los populistas, advierten que primero hay que distribuir, y que eso conduce inexorablemente al crecimiento.

 

Por cierto, el mundo entero debe afrontar decisiones en este sentido, ya que The Economist, de Londres, señala que hay 250 millones de personas al borde la hambruna en el mundo. En Alemania y Francia, las dos principales potencias de la Europa continental, hay protestas y huelgas contra la inflación, lo mismo que en Sri Lanka y en otras partes del mundo. Por su parte, en la propia Inglaterra, que no produce alimentos ni petróleo, advierten que no tienen herramientas y que están indefensos frente a los aumentos en el mercado global, ocasionando que la cuarta parte de los ingleses esté salteando una de las cuatro comidas diarias, ante la elevación del precio de los alimentos, lo cual es consecuencia de la pandemia seguida por la guerra en Ucrania.

 

En estas condiciones, muchos países productores de alimentos aprovechan su ventaja relativa e incrementan las medidas proteccionistas, no por cuestiones ideológicas sino por razones ligadas a defenderse de las consecuencias provocadas por la pandemia del coronavirus y luego por la guerra entre EEUU y Rusia. En este escenario y en esta coyuntura, pareciera increíble que Argentina, productora de alimentos y petróleo, tenga problemas para implementar medidas proteccionistas. El poder concentrado, a través de los liberales que conforman la oposición al gobierno popular, maneja los medios de difusión y obstaculiza con sus votos el funcionamiento del parlamento, sirviendo de este modo al interés de las corporaciones dominantes, en contra de los intereses del pueblo argentino.

 

Se ha descripto de múltiples maneras, que existe en Argentina una enorme concentración, tanto en la cadena de alimentos como también en los insumos para la industria, los cuales provienen de las fábricas de chapa, laminados, aluminio, alambres, acero inoxidable, cemento, plástico, papel, cartón, madera, hilados, vidrios, etcétera. Unas pocas empresas concentran el poder como proveedores de los materiales necesarios en la construcción, la industria automotriz, transporte, maquinaria y equipamiento, electrodomésticos, maquinaria agrícola, industria petrolera, industria metalmecánica y otras. Techint, Acindar, Aluar, Dow Chemical, Aceros Bragado y unas pocas más están generando incrementos injustificados de precios que distorsionan las relaciones entre los distintos eslabones de la cadena de valor. Lo mismo ocurre con los grandes intermediarios en la cadena alimenticia, entre los cuales figuran Arcor, Molinos, Mastellone, Nestlé, Paladini, Fargo, AGD, Danone y otros.

 

Se identifica claramente que unas pocas empresas, que poseen el poder económico y se ubican en posiciones dominantes, forman precios a su conveniencia, para enriquecerse más rápido, cuya contracara es un menor bienestar para la sociedad en su conjunto, pero también como herramienta para desestabilizar a un gobierno popular cuyo emblema es la distribución de los ingresos, innegablemente indispensable para construir una sociedad más justa e inclusiva.

 

Pero además, la concentración económica está generando un inconveniente adicional, ya que no permite la continuidad del crecimiento. Esto resulta en que la inflación causada por la elevada concentración, cuyos intereses están más ligados a lo financiero que a lo productivo, va disminuyendo el poder adquisitivo de los ingresos, cuyo efecto es la contracción del consumo, que es el principal motor de la actividad económica.

 

Luego de este breve pero suficiente análisis, se podría concluir que la concentración de ingresos es incapaz de sostenerse en el tiempo. Por un lado, porque significa que los sectores de poder le están robando ingresos al conjunto de la sociedad, lo cual es moral y socialmente inaceptable. Pero por otro lado, por la baja que ocasiona en las capacidades de consumo, lo que a su vez interrumpe el ciclo expansionista.

 

Entonces, se evidencia como urgente la necesidad de aunar esfuerzos para modificar el esquema que ha servido a la concentración, ya que la sociedad necesita fortalecer todos los mecanismos que generan distribución de ingresos. Los liberales proponen el achicamiento del Estado, que otorga mayor libertad a las corporaciones dominantes, cuyo resultado es lamentablemente conocido. Frente a esto, los populistas deben emplear, desde el gobierno, todas las herramientas disponibles para dirigir los recursos hacia una más justa distribución.

 

Se vuelve oportuno reiterar que no puede aceptarse el hecho de que exista inseguridad alimentaria en Argentina cuando, según informes recientes, producimos alimento para 650 millones de seres humanos, habitando nuestra tierra sólo 47 millones. Tampoco puede tolerarse que en nuestra mesa paguemos el costo de una guerra localizada a 15.000 kilómetros de distancia, siendo que todo el alimento que comemos los argentinos, es producido por nosotros mismos.

 

Por tanto, es impostergable corregir ciertas variables que contribuyen al desacople de los precios internacionales respecto de los precios internos. A modo de ejemplo, cuando el precio internacional de la tonelada de trigo era 200 dólares, en 2015, las retenciones que se aplicaban eran del 23%. Así, 46 dólares de cada tonelada financiaban inversión social del Estado, dejando un precio interno de 154 dólares. En este momento, cuando el precio internacional está cerca de los 440 dólares, el coeficiente de retenciones aplicado es del 12%, resultando en un precio interno de casi 400 dólares. El conflicto reside en que el coeficiente de retenciones para igualar la situación 2015 es del 65% (440 x 0,35 = 154).

 

Siendo sabido que las corporaciones agroexportadoras vienen de tener la mayor tasa de ganancia de la historia, el gobierno deberá tomar, en defensa de su pueblo, las determinaciones adecuadas, lo cual significa confrontar con las corporaciones dominantes.

 

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