La crisis económica mundial, desencadenada por el estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en 2008, profundizó la llamada crisis de representación política. Ha habido varias respuestas a esta crisis. La primera fue el ciclo de solidaridad indignada, cuando estallaron protestas en distintos países. Bajo el lema “No nos representan”, criticaron a los gobiernos locales, las políticas de austeridad y exigieron “democracia real ya” desde una perspectiva más autonomista y de izquierdas. Poco después, se produjo una vuelta a los discursos autoritarios en las democracias occidentales, con la aparición de nuevos movimientos y líderes políticos de extrema derecha.

Aunque estas movilizaciones políticas tienen propuestas diferentes y antagónicas, están igualmente relacionadas e impulsadas por la reciente digitalización de la política, a raíz de la plataformización de la sociedad en su conjunto. El uso de las redes sociales en particular por parte de estos diferentes actores ha sido fundamental para el alcance global y la escala de sus acciones.

Al configurarse como elementos estructuradores del conflicto político y demarcadores de la acción colectiva en la época contemporánea, los medios sociales han sustituido a las organizaciones políticas tradicionales, como partidos y sindicatos, en la mediación de la relación entre la sociedad y el Estado y en el establecimiento de identidades colectivas. Así, el proceso de identidad se ha establecido en gran medida a partir de la convergencia algorítmica de plataformas, dando lugar a identidades cibernéticas (Bachini, 2021) y acciones conectivas (Bennet y Sergerberg, 2012) más ampliamente.

Sin embargo, la segmentación de las opiniones llevada a cabo por los algoritmos también ha desencadenado deformaciones en la esfera pública, revelando una importante faceta del autoritarismo, la social. Las redes sociales han demostrado ser muy eficaces para difundir ideas racistas, sexistas, antidemocráticas, xenófobas, relativistas, contrarias a los derechos humanos, antidistributivas y violentas. Y varios políticos y movimientos de la llamada ola azul —como el recién elegido Donald Trump, Viktor Órban, Javier Milei, Jair Bolsonaro, Jordan Bardela, André Ventura, Giorgi Meloni- construyen su liderazgo político, refuerzan las jerarquías sociales y defienden sus agendas sobre esta base.

Pero, ¿por qué las prácticas autoritarias tienen apoyo popular?

Esta fue una de las preguntas que llevaron a Paulo Sergio Pinheiro a proponer la noción de autoritarismo socialmente implantado. Al observar la continuidad de las graves violaciones de derechos humanos practicadas por la sociedad civil y los agentes del Estado, especialmente en el sistema de justicia penal, después del período de transición política en Brasil, el autor señaló que los patrones autoritarios, materializados en el racismo, la desigualdad social y la violencia estatal, preceden y sobreviven a la alternancia de regímenes políticos en Brasil, presentes tanto en la macro como en la microescala de la acción política.

Para Pinheiro (1991), estas prácticas son algo más que vestigios del régimen anterior. Son un rasgo fundamental de la sociedad brasileña, que históricamente ha permitido estructurarla a través de múltiples desigualdades, basadas en el latifundio, la concentración de la renta, el patriarcado y la esclavitud. Así, aunque el régimen sea democrático, las jerarquías discriminatorias como el racismo, el machismo y el elitismo se mantienen y “naturalizan” el uso de diferentes tipos de violencia por parte del Estado y de la población civil contra estos grupos, especialmente cuando pertenecen a las clases bajas, que, en su opinión, “viven en un régimen de excepción paralelo e ininterrumpido”, legitimado por la propia sociedad.

Creo que el concepto de “autoritarismo socialmente implantado” propuesto por Pinheiro sigue siendo oportuno para reflexionar no sólo sobre las relaciones en la sociedad brasileña, sino particularmente sobre el resurgimiento mundial de la extrema derecha, cuyo discurso destaca la relación dialéctica entre autoritarismo institucional y social. Es común que quienes se autodenominan “de derecha” y “conservadores” propongan argumentos meritocráticos, punitivos y moralistas que avalan la jerarquización y la dominación en estas relaciones a través de diversas formas de violencia. Sin embargo, hay un nuevo componente fundamental en la propagación del autoritarismo social en estos días: la comunicación digital.

Las relaciones sociales están cada vez más impregnadas de tecnologías digitales, mientras que del uso de estas tecnologías surgen otros tipos de interacción, con dinámicas peculiares. Las redes sociales han sido el principal medio por el que estos actores propagan sus marcos y reúnen partidarios. Por lo tanto, sugiero adaptar el concepto de Pinheiro de “autoritarismo implantado digitalmente” para pensar el fenómeno.

En el caso brasileño, el ascenso de la extrema derecha comenzó con el cuestionamiento del resultado electoral de 2014, que fue precedido por un proceso ilegal de impeachment contra la presidenta Dilma Rousssef, y culminó con la elección de Jair Bolsonaro en 2018. La fuerza de este movimiento y la victoria de Jair Bolsonaro se atribuyen a su eficiente estrategia de comunicación digital, con énfasis en el uso intensivo y permanente de medios sociales como Facebook y WhatsApp. Por primera vez en la historia de las elecciones en el país posdemocratización, el candidato vencedor contó con una pequeña coalición partidaria, poco tiempo en televisión y baja financiación declarada para la campaña.

Diputado federal desde 1991, Bolsonaro coleccionó una serie de polémicas, caracterizadas por intolerancia, homofobia, autoritarismo, apología de la tortura, discurso de odio, antiderechos humanos, acciones antidemocráticas y, especialmente, obsesiva nostalgia del régimen militar. Estas agendas, que habrían sido bloqueadas o criticadas en otros medios, ganaron amplio alcance y adhesión de las plataformas digitales, revelando posibles inclinaciones culturales en la sociedad brasileña. Este proceso alimentó no sólo la elección de Bolsonaro, sino también la de varios parlamentarios asociados a su discurso, muchos elegidos por primera vez para un mandato legislativo, demostrando así el fuerte apoyo a esta agenda política.

El entorno digital favorece la profusión de este tipo de argumentos por varias razones. En primer lugar, los contenidos que circulan por las plataformas de medios sociales no pasan por filtros institucionales o editoriales, por lo que hay poco control sobre su naturaleza, veracidad y marco legal. Algunas características, como el cifrado y el anonimato, dificultan aún más el control de los mensajes y la asunción de responsabilidades por ellos. En segundo lugar, los algoritmos de difusión favorecen la coincidencia de afinidades entre perfiles, lo que dificulta la contrarrestación de argumentos y tiende a exagerarlos y radicalizarlos. Y algunos estudios sugieren que los algoritmos de algunas plataformas tienden a promover contenidos más misóginos, racistas y violentos. Por último, los elementos icónicos propios de la comunicación digital, al emplear un tono lúdico o humorístico en los mensajes, contribuyen a atenuar la agresividad de estos contenidos, lo que favorece su adhesión y circulación.
Siguiendo el uso de las redes sociales por estos actores durante el gobierno de Bolsonaro, podemos ver que el discurso que apoyan en las redes sociales reproduce varios rasgos autoritarios observados históricamente en Brasil. El núcleo de este discurso es la desigualdad, pero tiene un carácter polimorfo, movilizando elementos del neoconservadurismo y del neoliberalismo, que convergen en una identidad reaccionaria.

Por un lado, se argumenta la superioridad moral de estos actores a partir del predominio de una actitud combativa y parcialmente antisistémica, cuyo principal objetivo es deslegitimar a la llamada prensa dominante, a la izquierda, a los movimientos identitarios y al poder judicial. Por otro lado, el gobierno de Bolsonaro y la gestión de sus partidarios, incluidos parlamentarios y alcaldes, fueron muy elogiados, así como el trabajo realizado por la policía y las Fuerzas Armadas.

Argumentos a favor de una gestión ultraliberal, antidemocrática, contraria al ejercicio de los derechos humanos y, sobre todo, a la intensificación del control social a través de la violencia, también son frecuentemente planteados en estos posts, de forma objetiva o satírica, denotando su carácter reaccionario y autoritario. Este carácter se ve refrendado por la reproducción de argumentos del periodo dictatorial, como la “amenaza comunista” y que “los derechos humanos son derechos para matones”.

En este contexto, la movilización del sentimiento de inseguridad —económica, política y social- es recurrente, de modo que el autoritarismo y las sanciones punitivas sirven de amortiguador contra los efectos sociales del neoliberalismo, en términos de Brown. También están presentes agendas morales típicamente conservadoras, como la defensa de una forma idealizada de familia tradicional, los valores cristianos y el patriotismo.

Sin embargo, sabemos que estos marcos conforman un discurso puramente local, aunque existan adaptaciones y algunas peculiaridades. Forman parte de un proyecto ideológico global, cuyo objetivo es profundizar las desigualdades para que las élites económicas, que ahora también ejercen su poder de forma plataformizada y prácticamente sin control, dada la dificultad de regular este campo, aumenten sus privilegios y opresiones, cada vez más transversales e interseccionales. Se intensifican los procesos de individualización y fragmentación estructural. Se pierde la visión holística del proceso político y de la relación entre los acontecimientos. Se banaliza el Estado de Derecho, se desacredita al Estado de su función social y se deshilacha el tejido social, lo que dificulta la organización de resistencias colectivas y concertadas.

Necesitamos urgentemente crear estrategias para disputar el campo superestructural con el fin de frenar el avance de este proyecto reaccionario ultraliberal. Sólo así, recuperando el apoyo y la conciencia popular, podremos reorganizar la estructura para que las clases trabajadoras puedan tener una vida más justa y digna.