La deuda pública bruta al 30 de diciembre 2015 era el equivalente a 240.665 millones de dólares (que representaba el 53,6% del PIB), el 57,2% de la misma era intra sector público, 12% con organismos internacionales (Banco Mundial, BID, CAF, etc.) y, el 30,8% de la deuda era con el sector privado: bancos y fondos de inversión y otros compradores de bonos públicos.

Era una deuda accesible y que el gobierno podía pagar su servicio (amortización del capital e intereses) sin grandes problemas y destinando un 8% del presupuesto que es un 3% del PIB.

En los cuatro años de gestión de Cambiemos se revierte la lógica de desendeudamiento que había sido adoptada hasta entonces, lo cual lleva que, al 30 de diciembre de 2019, según informa la Secretaria de Finanzas de la Nación, se adeuda el equivalente a 323.177 millones de dólares que significan el 91,7% del PIB (PIB que se estima en 352.300 millones de dólares).

De esa suma al sector privado se le reconoce la posesión de títulos por 121.979 millones de dólares (38% de la deuda), de los cuales es en divisas y bajo legislación extranjera 80.994 millones de dólares.

Con los organismos internacionales de crédito entre los que se destaca el FMI (al que se había cancelado las obligaciones el 3 de enero de 2006) los compromisos ascienden a 72.679 millones de dólares (el 22% de la deuda) e intra sector público es el 40% restante.

El Ministerio de Economía de la Nación llamo a licitación y está adjudicando a una consultoría internacional que se ocupe de determinar quiénes son los tenedores actuales de esa deuda y se los convoque a una reunión para acordar su forma de pago.

En ese marco y con esos condicionamientos, el Ministro Martín Guzmán tanto en las reuniones que tuvo con el FMI como en su disertación en la Cámara de Diputados de la Nación, el jueves 13 de febrero de 2020, planteó un período de gracia y no pagar capital e interés de la deuda externa hasta el año 2023, en que recién se contaría con un superávit primario (los ingresos que superan a los gastos antes de intereses) que a lo sumo y en el mejor de los casos, podría llegar a ser del 1,2% del PIB (unos 4.000 millones de dólares) con lo que el plan de pago se ata a esa capacidad.

Fue firme el ministro cuando aseguró que no se puede pagar la deuda con ajuste fiscal y a costa de las jubilaciones y pensiones, que todas las veces que se incurrió por ese camino se terminó en una crisis económica y social de proporciones. Que el cambio debe ser crecer primero para pagar después y que ese pago debe ser compatible con el crecimiento.

Finalmente, el Ministerio comunicó que la oferta de canje y/o restructuración de la deuda se le dará a conocer a los tenedores de bonos durante la segunda semana de marzo y, a partir de allí se realizarán reuniones informativas "Road show" durante 15 días, con el propósito de llegar a un acuerdo antes del martes 31 de marzo 2020.

La deuda es un condicionante para el desarrollo del país, recursos que debe disponer el Estado para impulsar el mercado interno y la imprescindible obra pública, dado nuestro déficit de estructura (puertos, rutas, vías férreas, hidrovías, represas, etc.), no se pueden hacer por el pago de la deuda. Igual sucede con el imprescindible aumento de las jubilaciones y pensiones que deben realizarse en forma urgente ante el deterioro de la capacidad adquisitiva de la población y, por otra parte, su importante participación en el aumento del consumo interno.
Es por eso que el gobierno apuesta a que el conjunto de acreedores acepte un plan de pago que permita un sendero de crecimiento del PIB y de las exportaciones, que el ministro Martín Guzmán al diseñar el plan en la Cámara de Diputados de la Nación sostuvo que, las exportaciones deben crecer a una tasa del 4,5 al 5% anual y el PIB en tono al 2% anual.

Para ello debe diversificar las ventas externas y sin nombrarlo se refirió a Vaca Muerta, a la minería y a darle mayor valor agregado a las exportaciones agrícolas.
De esa manera, combinando las mayores ventas externas y el crecimiento de la demanda interna se genera una macroeconomía consistente que debe ser apoyada por el acuerdo de precios y salarios coordinados por el Estado nacional y, una política fiscal que debe tender a equilibrar sus cuentas, en un escenario que denominó “alcanzable y realista” que implica alcanzar el equilibrio fiscal y converger a un superávit fiscal primario, cuando el total del gasto público nacional (que es en pesos) es del equivalente a 85.000 millones de dólares (un 24% del PIB)

EL ESTADO DE SITUACION

El gobierno definió un plan de reestructuración de la deuda para poder asumir compromisos en el tiempo que se puedan cumplir. Los grandes fondos de inversión han adoptado una posición de tratar de cobrar lo máximo posible.

Pero entre ambas posiciones, la del gobierno que es pagar a partir del año 2023 y solamente el superávit primario (antes del pago delos intereses), la de los grandes fondos de inversión y bancos acreedores es cobrar lo más rápido posible, hay caminos intermedios.

En primer lugar se debe estudiar detenidamente si los actuales acreedores compraron directamente los títulos al Tesoro de la Nación o si en cambio lo hicieron en los mercado secundarios (mercado de valores), dado que seguramente muchos de los actuales tenedores de títulos de deuda argentina los adquirieron después del 25 de Abril de 2018 en que, ese solo día y encabezados por el Banco de Inversión JP Morgan, HSBC, Deutsche Bank, etc. que eran los encargados de colocar los títulos de deuda argentinos en los mercados internacionales, se fueron llevándose 1.225 millones de dólares que compraron a un precio promedio de $ 20.20 la unidad de moneda norteamericana. Esto es, mientras unos se iban y derrapaba el valor de los bonos de deuda nacional, otros los compraron para tener un porcentaje que le permita superar la cláusula de acción colectiva, y ello debe hacerse valer en la mesa de negociaciones.

Por ejemplo, el Bonar 2020 que vence el 8 de octubre de 2020 abona una tasa fija del 8% anual en dólares, una cosa es si se lo compraron directamente al Tesoro de la Nación y otra es si lo compran a menos del 45% de su valor, por lo que están cobrando intereses del 18% anual en dólares.

De no ponerse de acuerdo la Argentina volvería a defaultear total o parcialmente la deuda y la experiencia no es buena, recordemos el default tras la guerra de Malvinas o la de los años 2001 y 2002 con un dólar que crece sideralmente y empobrece a la población por descender el poder adquisitivo de los salarios y demás ingreso fijos (jubilaciones y pensiones) y derrapar los activos medido en moneda dura (lo que favorece la extranjerización de nuestra economía).

Tampoco es bueno para los acreedores porque no cobran y lo más probable que cuando lo hagan sea con una quita de capital

En la resolución de esa problemática se debate nuestro presente y nuestro futuro.


(*) Investigador de Proyecto Económico que conduce la Diputada Nacional y economista Fernanda Vallejos.