Parece claro que la tan mentada “macro en orden” es solo el superávit fiscal, e incluso esto es fruto de contabilidad creativa. Se oculta que la deuda pública no para de crecer, y con ella sus servicios.

El ajuste está asfixiando a la sociedad. Solo unos pocos se ven beneficiados. Los indicadores sociales reflejan malestar: caída en los ingresos y el consumo popular, disminución del empleo registrado, aumento del desempleo, manipulación de las estadísticas de la pobreza y la indigencia.

Al igual que en los últimos años de la convertibilidad, se observa que el rumbo es al estallido, pero no se modifica. El presupuesto presentado, pese a sus malas estimaciones y groseras omisiones, solo anuncia la continuidad.

La última medición del desempleo creció: al 7,9%, a junio de este 2026; el registro más alto desde 2021. Los trabajos sin registración continúan creciendo, hasta el actual 45%. Los cierres de empresas acumulan más de 30.000, ya son más de 350 mil empleos registrados perdidos. La única actividad que genera creciente empleo es el trabajo son las plataformas, como Rappi; incluso allí se observa cierta saturación en estas.

La línea de indigencia se ubica en $519.000. La jubilación mínima está en unos escasos $428.000, y el salario mínimo está en unos miserables $383.000, ambos ingresos por debajo de la línea de indigencia. Es claro que el ajuste se cargó sobre el sector más desfavorecido.

La estadística del ingreso del trabajo no registrado muestra severa manipulación, incrementos claramente superiores al de los trabajadores registrados, Un incremento que no se condice con otros indicadores. Dado que son casi la mitad de los asalariados, si los salarios no registrados tuvieran tales aumentos, el consumo privado no debería estar tan deprimido. Además según el manual neoliberal, los trabajadores formales deberían estar mudándose masivamente a esta actividad mejor remunerada.

La caída del consumo no es casual, es causal. Si se pisa salarios públicos y no se validan acuerdos paritarios privados, se genera bajas de los ingresos, para disminuir la inflación. Así la caída del consumo es provocada, y la recesión también. El continuo aumento real de las tarifas contrae aún más el ingreso disponible.

El creciente problema del endeudamiento es otra consecuencia de la caída del ingreso. El fuerte encarecimiento del crédito agrava el problema. Con una inflación del orden del 30%, se denuncian tasas de interés muy superiores. De hasta el 1300%, en el caso de la plataforma de uso más difundido.

Los datos de la última medición, correspondiente a junio de 2026, evidencian que el ajuste provoca lo que los textos de introducción a la economía prevén: contracción de la actividad económica. La nula inversión pública y la contracción de los ingresos de los asalariados (activos y pasivos), y la reducción del gasto público no podrían tener otro resultado.

La última medición de actividad registró una caída del 0,4%. La explosión de la minería y petróleo (Vaca Muerta) que creció un 16%, ya no alcanza a ocultar la mayoritaria contracción. Particularmente de las actividades que si generan ocupación, como la industria, la construcción, o el comercio.

Con estos datos la frustración de las expectativas generadas no deja de aumentar, y con ella la proyección política de la oposición. Es claro que así el gobierno perderá las elecciones. “El rumbo” que tanto preocupa a los grandes empresarios, está seriamente en cuestión.

Presupuesto

Antes de describir los datos, debe destacarse que las proyecciones solo parecen pretender cumplir con obligaciones legales. Lo que se puso a discusión parlamentaria no es una real proyección económica de las políticas previstas, como debe ser un presupuesto.

El equilibrio fiscal es explícitamente el objetivo político. Las exenciones de impuestos a los ricos (del impuesto PAIS a la compra de divisas, del impuesto sobre los Bienes Personales, de retenciones a las exportaciones) han forzado un ajuste aún más salvaje sobre el gasto público.

El Presupuesto 2027, supone un crecimiento económico del 4%, una inflación de 18 % y continuar con un dólar subestimado, a $ 1.728. Al igual que en el vigente 2026, las estimaciones exorbitantemente optimistas terminan rápidamente desactualizadas. Estos supuestos de actividad y precios determinan tanto la recaudación como los costos de los gastos previstos, de allí su importancia en la discusión. El último dato de contracción económica, y una inflación que permanece en torno al 30% anual, ambos datos contradicen estos supuestos macroeconómicos.

Los medios periodísticos afirman que la previsión de inflación de Caputo era del 21%, pero que el propio presidente forzó su reducción al 18 %, punto que ilustra la seriedad con la que fueron elaboradas estas proyecciones.

Se informa una reducción del gasto del 1% del PIB. Según la ASAP (organización de los especialistas en finanzas públicas) la reducción real habría alcanzado el 4,3% del PIB si no fuera por el aumento de los intereses de la deuda. Todo se reduce, menos los pagos a la especulación financiera.

El Presupuesto 2027 solo profundiza las políticas ejecutadas en la gestión. La inversión pública que promedió 4% del PIB en 2003-2015, está reducido a un 0,3% del PIB, visiblemente insuficiente siquiera para el mantenimiento de la infraestructura.

El sistema previsional nacional, jubilaciones y pensiones, incluye a 9.2 millones de argentinos¸ y el ajuste los redujo a la miseria, más de la mitad ganan la mínima. El conjunto de los trabajadores públicos también tiene salarios muy bajos. Los medios informan cotidianamente sobre suicidios de jubilados y empleados públicos.

Se plantea reducir los beneficios de los discapacitados, eliminar la actualización automática por inflación de la AUH y demás asignaciones familiares; e incumplir con el financiamiento universitario; así como reducir aún más las transferencias a las provincias.

Para juguetes militares sí hay plata. Se proyecta una fuerte inversión en el reequipamiento, por hasta USD 3.500 millones, incluyendo tres submarinos convencionales y dos fragatas para la Armada.

Las leyes obligan a la evaluación del costo de las exenciones impositivas, técnicamente llamadas gasto tributario. Debe destacarse el ocultamiento deliberado del costo fiscal más importante: el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Con 23 proyectos de inversión multimillonarios, que suponen la exención de US$3.300 millones anuales, básicamente para Vaca Muerta. Claramente un «Robin Hood» invertido, que roba a pobres para beneficiar a ricos.

Se pretendió insistir con el incumplimiento en discapacidad y en universidades. Pese a haberse aprobado las respectivas leyes, que fueron vetadas, y fue rechazado el veto en dos oportunidades, pretendieron insistir. Parece más tozudez que convicción política.

El presupuesto se presentó el 16 de septiembre, el debate recién inicia, no ha pasado por ninguna comisión, pero la propuesta sobre discapacidad ya fue rechazada. Se empieza a observar la decadencia política del oficialismo

El crecimiento

No se entiende por qué esperan crecimiento, si todas las políticas oficiales son contractivas. Las empresas invierten para obtener una ganancia, pero lo único que funciona es la extracción de recursos naturales: Vaca Muerta, minería y el agro de la pampa húmeda. Sin valor agregado alguno y con el subsidio del RIGI. ¿Para qué invertirían unas empresas productivas que languidecen por falta de demanda?

Para refinanciar la enorme deuda del tesoro, se deben utilizar exorbitantes rendimientos a los títulos públicos. Que es la alternativa financiera al ahorro en dólares, encareciendo así el crédito interno; otro clavo en el ataúd de la actividad interna.

Se llevaron las reservas del BCRA en oro al exterior, y tras meses de ocultamiento quedó en claro que estaba en Londres. Quizás desconocieran que Venezuela tenía depositado su oro allí, y cuando el imperio entró en conflicto el chavismo lo «inmovilizó», robándole las reservas.

El amplio superávit comercial externo, previsto en unos US$15.000 millones anuales, no se transforma en reservas, Se despilfarran en fuga de capitales, ahorro en dólares y turismo internacional. Se suma el RIGI, que los exime a de liquidar sus exportaciones en Argentina. Las reservas sirven para evitar que los vencimientos de la enorme deuda externa provoquen otra corrida cambiaria, fenómeno al que los argentinos estamos acostumbrados a padecer.

.
Se adelanta la discusión electoral

Se defraudaron las expectativas, particularmente de aquellos que creían que el ajuste lo iba a pagar la casta y no ellos. Consecuencia del interminable ajuste, el descontento no deja de aumentar, y por tanto la proyección política de la oposición.

Según concluyen las encuestas de opinión, el gobierno perderá las elecciones. Los que estarían dispuestos a votar un candidato que no sea de su agrado, para evitar la reelección de Milei, son más que los que aceptarían hacer lo mismo, para evitar el regreso del peronismo. Para un ballotage esto es definitorio, y los dueños de Argentina empiezan a preocuparse.

Techint, en un informe a la bolsa, puso en duda la capacidad del oficialismo de sostener sus reformás frente a la oposición y el creciente malestar social, Advierte sobre el aumento de la conflictividad social. Los destratos a «Don Chatarrín» no son gratuitos.

En lugar de modificar su rumbo y recuperar apoyos, el oficialismo se plantea hacer trampa. La propuesta oficial es eliminar las PASO, que sirven para definir los candidatos de cada frente electoral, con el confeso objetivo de evitar que el peronismo alcance una fórmula unificada.

Los candidatos peronistas posibles, a un año de las elecciones, muestran que se volvería a sus políticas tradicionales. Eliminando muchas de las reformas pro mercado. Los candidatos posibles hasta ahora son Kicillof, Maza, Cristina (o quien designe en su lugar) e incluso algún gobernador que no haya apoyado explícitamente a Milei. Nada de esto agrada a los dueños de la Argentina.

Jose Luis Manzano parece ser la excepción. Es un ex ministro de Menem, reconvertido en uno de dueños del país. Es dueño de Edenor, de la ex Shell, y acaba de comprar Metrogas. En este septiembre participó en reuniones de Kicillof con empresarios en Nueva York. No es cualquiera.

En la última presidencial apareció un forastero (outsider), con un discurso extremo, y finalmente ganó. En los últimos meses de la candidata de izquierda, Bregman, alcanza la mejor imagen política. La posiciona entre los presidenciables. Merece ser incluida en los análisis. Como opositora al rumbo actual, se habla de un posible acuerdo con el peronismo.

Así, la continuidad o no del modelo parece imponerse como centro del debate electoral para 2027. Los dueños del país están en una ferviente búsqueda de alguna alquimia electoral que permita sostener el rumbo: han probado al banquero Brito, al pastor evangélico Dante Gebel, o al empresario periodístico Daniel Hadad. Ninguno arrancó, aunque no se descartan novedades. El problema es que el rumbo perdió consenso social.

Su mejor candidato oficial, Bullrich, pretende diferenciarse, aunque su fuerte compromiso con el actual gobierno lo dificulta. Siempre será candidata de la continuidad, nunca de un cambio de rumbo.

El oficialismo, que merece más bien llamarse La Propiedad Avanza (LPA), no encuentra la forma de armar su continuidad. Deberia dar alguna respuesta al malestar social. También les urge devaluar y acumular divisas, para evitar una corrida cambiaria antes de las elecciones, pero el rumbo hacia la colisión no se modifica.