14 de septiembre de 2020

El 9 de septiembre del presente año, día nacional de los derechos humanos en Colombia nos levantamos con la noticia del asesinato por parte de la Policía Nacional del ciudadano y aspirante al grado de abogacía Javier Ordoñez, a quien agentes de policía torturaron con choques eléctricos por estar incumpliendo la cuarentena a pesar de las súplicas para que se detuvieran. Javier estudió aeronáutica y le faltaba solo un examen para graduarse como abogado, pero trabajaba como taxista, y tenía dos hijos, de 11 y 15 años. "Asesinato", así lo manifiestan su familia, testigos e incluso la alcaldesa mayor de Bogotá quien abiertamente pidió perdón y se comprometió a acompañar a la familia de Javier en la búsqueda de verdad y de justicia, manifestó que los hechos ocurridos significaban un desconocimiento expreso a las órdenes impartidas y producto del abuso de la fuerza. Un crimen de Estado que, en vez de merecer una reflexión gubernamental, se convirtió en el detonante de una nueva masacre en las calles de Bogotá, luego de dos días de protestas ciudadanas, la policía disparando armas de fuego, golpeando y agrediendo a manifestantes y transeúntes en distintos puntos de la ciudad, y entregando armas de fuego a civiles, en una clara perdida por parte de las instituciones, del monopolio de la fuerza en manos del estado, asesinó a 10 jóvenes, dejó heridas a más de 260 personas, y se sabe de cientos de detenciones arbitrarias.

La violación sistemática de DDHH por parte de la fuerza pública deja en evidencia una vez más a unas instituciones que requieren de una urgente re estructuración en el marco de la implementación de los acuerdos de la Habana de 2016, instituciones que siguen viendo a la población civil como el enemigo interno, y que al día de hoy no cumplen su papel de resguardar los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Pero miremos un poquito más atrás...

El desgobierno Nacional de Iván duque quien ante los hechos ocurridos en Bogotá el pasado 9 y 10 de septiembre que se extienden todavía por barrios de las diferentes ciudades del país con ciudadanos y ciudadanas manifestándose, exigiendo verdad y justicia, salió a exaltar la gallardía de la policía. Un presidente que se enorgullece de aumentar el pie de fuerza a nivel nacional, que gobierna en una realidad totalmente diferente y ajena a la que ocurre día a día en la sociedad colombiana. Su gestión ha profundizado la grave situación de derechos humanos, la pobreza y la desigualdad fomentando el retorno de la guerra a los territorios.

56 masacres que el gobierno osa llamar "homicidios colectivos" perpetradas en los primeros dos años de su gobierno por fuerzas oscuras y contrarias a la construcción de paz en las regiones de 18 departamentos del país. 13 masacres principalmente en zonas rurales, todas ellas cometidas por grupos paramilitares y en complicidad por acción y omisión, del ejército nacional. Entre ellas hay que mencionar: el 3 de agosto fueron asesinadas seis personas en el Área Metropolitana de Cúcuta; el 11 de agosto ocurrió el asesinato y degollamiento de cinco jóvenes de entre 15 y 17 años de edad en la ciudad de Cali; el 13 de agosto dos personas asesinadas en Corinto (Cauca); el 16 de agosto, el asesinato de nueve jóvenes en el municipio de Samaniego, departamento de Nariño al sur del país; el viernes 21 de agosto ocurrieron dos masacres, una en Arauca (cinco personas) y otra en El Tambo, departamento del Cauca (seis personas); el sábado 22 de agosto fueron asesinados seis jóvenes en la Guayacana, zona rural del municipio de Tumaco (Nariño) y el 23 de agosto fueron asesinadas tres personas en Venecia (Antioquia), hechos que cuentan con la absoluta indiferencia del gobierno nacional y la prensa internacional. Y esto no es casualidad. Desde que Iván Duque asumió la presidencia, y regresó el uribismo al poder, han sido asesinados 177 personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos, y 148 excombatientes en proceso de reincorporación. Lo que ocurre en todo el territorio nacional es la desviación fanática del gobierno, por la guerra, por la represión, y por el uso de la violencia en contra de la sociedad. Y lo más preocupante de todo, las cifras siguen en aumento.

Los asesinatos a líderes y lideresas sociales, defensores de DDHH y excombatientes de las FARC - EP, son una preocupación constante en materia de brindar garantías para la participación política de los sectores populares. Según el informe de INDEPAZ y Marcha Patriótica, hay más de 1000 líderes y lideresas asesinadas y 220 excombatientes desde la firma del acuerdo de paz en 2016. El informe destaca que las violaciones de derechos humanos y los asesinatos no son ajenas a las regiones pero que ahora suceden cuando es el Estado quien tiene la obligación de implementar un acuerdo de paz.

Colombia se ha destacado por un manejo de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID 19 que solo ha buscado favorecer a grandes empresas como lo es el conocido caso de la aerolínea Avianca una empresa de capital extranjero a quien el gobierno nacional decidió prestarle 370 millones de dólares para su salvatage, mientras en materia de salud sigue desfinanciando y cerrando hospitales, a propósito de la crisis, se destacan las facultades extraordinarias que se han concentrado en el poder ejecutivo en donde se cuentan 164 decretos de los cuales apenas 11 tiene relación directa con el sistema de salud. Y ni hablar de la poca respuesta a las necesidades de la sociedad colombiana que en el marco de la crisis propone una renta básica que le ayude a sobre llevar los problemas derivados de la pandemia y un apoyo estatal ausente a las entidades públicas como lo son el sistema de salud y el sistema educativo, necesarios para hacer frente a la crisis.

En materia financiera, se ha proyectado una contracción en el Producto Interno Bruto (PIB) del 5.5% para el año 2020, un déficit fiscal del 8.2 del PIB y un nivel de deuda del 65.6%, que en el presente año llevó a decretar el estado de emergencia, sin duda la peor recesión en toda la historia del país, según un informe titulado "El desgobierno del aprendiz: autoritarismo, guerra y pandemia", donde más de 500 organizaciones hacen un balance de todos los aspectos del segundo año de gobierno de Iván duque.

A nivel regional, vemos a Colombia con una clara intención desestabilizadora del proceso adelantado por la República Bolivariana de Venezuela y alineado servilmente a los intereses de los Estados Unidos en la región, Colombia continúa siendo un lugar clave para la política imperialista de intervención con intromisiones y ataques constantes a la autodeterminación y soberanía del pueblo venezolano, sin ir más lejos el intento de invasión a través del mal llamado "concierto humanitario" en la frontera colombo venezolana en febrero de 2019, Adelantado por el denominado grupo de lima, financiado por los estados unidos y perpetrado desde territorio colombiano.

A pesar de este panorama desolador el pueblo colombiano sigue dando muestras de dignidad y soberanía, muestra de ello es el gran Paro Nacional de 2019, un hecho que articuló a múltiples organizaciones para rechazar el denominado "paquetazo" neoliberal de Iván Duque, una serie de reformas laborales y pensionales, y en defensa del cumplimiento y la implementación del acuerdo de paz, movilizaciones que fueron brutal y tercamente reprimidas por el estado y que causaron la muerte de varios jóvenes en distintas ciudades del país, entre ellos quien se volvería símbolo de la protesta a nivel nacional, el joven estudiante Dylan Cruz quien se encontraba protestando por su derecho a la educación, a manos nuevamente de la policía, en esta ocasión del escuadrón móvil antidisturbios (ESMAD), hechos que en lugar de bajar la conflictividad social y aplacar la rebeldía del pueblo colombiano, llevó a las calles a millones de personas de manera pacífica por el justo reclamo de vida digna y respeto a los derechos humanos, manifestaciones que solo se vieron menguadas por la época de fin de año y la pandemia del COVID - 19, pero que hoy se encuentran latentes y más presentes que nunca en el conjunto de las organizaciones del campo popular y la sociedad colombiana con el estado de situación en el que se encuentra el país.