“El mundo está lleno de reyes y
reinas, que ciegan tus ojos y luego
roban tus sueños, es Cielo e Infierno”.
Black Sabbath 1980 “Heaven and Hell”

El mundo está repleto de injusticias, inequidades y millones de personas sufriendo hambre y pobreza. Para enfrentarlo, en todos lados, incluyendo Europa y Estados Unidos de Norteamérica, se está discutiendo un impuesto mundial para las empresas trasnacionales y para los mega multimillonarios del planeta.

Un ejemplo de esto es Brasil, en donde el presidente Lula promulgó una nueva ley que cobra impuestos a las grandes riquezas, empresas y financieras. Los resultados son harto evidentes: se supera el déficit fiscal y además el Estado obtiene recursos para financiar obras de infraestructura y de impulso a la industria.

Mientras tanto, Argentina está yendo a contramano de lo que es la discusión mundial en materia impositiva. El gobierno de Milei está orientado hacia quitarle peso impositivo a los millonarios, a los ricos, a las grandes empresas y a las bases imponibles altas, al mismo tiempo de aumentar la carga tributaria sobre los trabajadores y los monotributistas. Como dice Claudio Lozano, se consolida con este tipo de políticas una verdadera rebelión fiscal de los ricos, que no pagan absolutamente nada. Pero claro, lo que no pagan los ricos hemos de pagarlo los no ricos, que somos el conjunto del pueblo menos esos poquitos dueños del poder económico, financiero y por ende político.

El presidente Milei lo expresó muy claramente, destacando que para él, los evasores son unos héroes porque “eluden caer en las garras del Estado”. Pero precisamente, sus consecuencias están caracterizadas por una situación más injusta y más desigual. Los núcleos concentrados de poder proceden a llevarse del país montos de dinero que en realidad pertenecen a la producción de todos los argentinos, y la esconden en guaridas fiscales en el exterior bajo su dominio.

Un claro ejemplo de transformar la estructura tributaria en más regresiva es Bienes Personales, un impuesto innegablemente progresivo, al cual le bajan su alícuota del 1,25% al 0,25%, y le suben el mínimo no imponible de 27 millones a 100 millones. En simultáneo, los trabajadores vuelven a pagar impuesto a las ganancias, los monotributistas pagan el doble para cada escala y el efecto del aumento de las tarifas cae sobre las espaldas del conjunto de la población. A no confundir, el dinero de los subsidios a las tarifas provenía de los impuestos a las grandes empresas y a los grandes contribuyentes, que son los favorecidos del gobierno de Milei. Al revés que en el resto del mundo.

Otra cosa que va en sentido completamente inverso a mejorar la situación es haber cambiado un modelo proteccionista por otro librecambista. En vez de aplicar medidas que protegen la industria y la producción nacional generadora de empleo, se establece un modelo de apertura comercial que desguarnece la competitividad nacional y además desfinancia al Estado por todos los impuestos que se dejan de cobrar. Tan sólo con esto aumentan la pobreza, el desempleo, el déficit fiscal y el déficit externo.

Así, en tan sólo seis meses de gobierno, con las medidas descriptas, la pobreza subió del 41% al 57%, la indigencia del 7% al 18%, y encima se ha interrumpido la asistencia alimentaria y se han dejado de entregar medicamentos a los más frágiles como por ejemplo los enfermos de cáncer. Para tener una referencia no tan lejana en el tiempo, y a la que se debería retornar, en el 2015 la pobreza era del 27% y la indigencia del 3,5%.

En esta situación, resulta útil atender a la propuesta de Unión Popular. Claudio Lozano reclama un Paquete Fiscal para terminar con el hambre en la Argentina. Se debe lograr financiar un ingreso básico universal para todas las personas en edades centrales, es decir, entre 18 y 65 años que no tengan un ingreso formal comprobable. Dicho ingreso básico universal sería equivalente a la línea de indigencia para el adulto, el cual calcula mensualmente el INDEC, que a mayo 2024 era de 125.000 pesos. Al mismo deben sumársele algunos complementos. Uno de los complementos es para cerca de 1 millón de trabajadores que ganan menos que el salario mínimo, cuyo valor es 235.000 pesos. El otro complemento se dirige a los haberes mínimos jubilatorios, y para quienes ganan aún menos, como algunas pensiones y la PUAM, Pensión Universal para Adultos Mayores, que implementó el gobierno de Macri para cumplir con su capricho de restringir el acceso a los beneficios del sistema jubilatorio como por ejemplo su obra social.

Se calcula que el ingreso básico universal es un gasto del 1,7% PBI, mientras el complemento salarial y previsional es un 0,7%. En suma, con un 2,4% del PBI se garantiza que ninguna persona tenga ingresos inferiores a la indigencia en nuestro país. Obviamente, su financiación debería provenir de restablecer los impuestos al comercio exterior, mantener Bienes Personales como estaba antes del gobierno de Milei, eliminar las exenciones impositivas a las corporaciones amigas del gobierno como Mercado Pago e incrementar el nivel de actividad, en lugar de reducirlo. Pero a cómo están las cosas, se busca una solución que por su parte esté en sintonía con lo que están haciendo en el resto del mundo, tal como se expuso en la primera parte de este escrito.

La propuesta consiste en dos bases imponibles. Una es establecer Impuestos a la riqueza y a los patrimonios superiores al millón de dólares, que son apenas 32.000 personas, tan solo el 0,07% del total de la población. Sería una sobrealícuota sobre Bienes Personales de estos sectores que recaudarían el equivalente a 4.000 millones de dólares. De estos, la mitad provienen de las primeras 50 fortunas de la Argentina. Es decir, tan sólo 2.000 millones de dólares se obtienen de tributar a las 50 personas más ricas. La otra es establecer un Impuesto a la Ganancia presunta de las 500 empresas más grandes de nuestro país, lo que permitiría recaudar 6.000 millones de dólares adicionales. Buena parte de esto recae sobre las 50 primeras empresas del país, las cuales representan el 60% de las ganancias de esas 500 empresas más grandes.

Claudio Lozano lo enfatiza del siguiente modo: “Necesitamos que se discuta un paquete fiscal para terminar con el hambre en nuestro país. No hay ninguna posibilidad de hacer ningún pacto en la Argentina para reconstruir nuestra sociedad que no deba tener en la primera de sus definiciones y de sus principios terminar con el hambre en nuestro país.” Por cierto, se trata de un país productor de alimentos que exporta más de lo que consume internamente. Pero claro, esas ganancias se las están quedando unas pocas empresas agroexportadoras que se autodenominan “el campo”. Pero no son el campo ni son mayoritariamente argentinas, son intermediarias y la mayoría extranjeras.