El oficialismo acusa al peronismo de los males que el mismo provocó. El manejo de económico del actual gobierno nos obliga a inventar neologismos para explicar algo no visto. Alta inflación con profunda depresión económica.
La teoría económica reconoce una relación inversa entre desempleo e inflación, lo que dejó como aprendizaje para los gobiernos que combatir la inflación generará caída en la actividad económica y por tanto desempleo, y viceversa.
En la crisis del 73 el petróleo cuadruplicó su precio, lo que redujo la expansión económica a la par incrementó los costos y por tanto los precios; punto extraño a la teoría económica, y así apareció el término “estanflación”, inflación con estancamiento económico.
A pocos días de asumir, y contrariando su discurso de liberalización total, se efectuó una macro devaluación del 118%, pero sin eliminar el control cambiario. A la par se derogaron centenares de medidas de regulación de mercado y de control de precios mediante el DNU 70. El producto de la devaluación + liberalización de precios no pudo ser otro que una disparada inflacionaria.
Como a la par el gobierno congeló los ingresos de asalariados, jubilados y beneficiarios de subsidios sociales, licuando así su poder adquisitivo (lo que denomina la “licuadora”). Esto produjo una severa redistribución del regresiva del ingreso, aumentando la desigualdad social, la pobreza y la indigencia: La UCA midió que la pobreza trepó del 42% al 55% y la indigencia del 11.9% al 18% en el primer trimestre del año.
A la par se avanza con una severa reducción del gasto público (lo que denomina la motosierra). Reduciendo a casi cero la inversión pública, al igual que las transferencias a las provincias y los subsidios a la energía y el transporte, e incluso con el despido de varios miles de trabajadores del Estado. En la volteada cayó incluso el apoyo nacional al salario de los docentes de la educación obligatorio, que trabajan para las provincias, llamado “incentivo docente”.
Reducción de ingresos reales de los trabajadores, el tarifazo producto de la eliminación de subsidios al consumo de energía y de transporte, provocan la reducción del consumo. El consumo masivo cayó en mayo 14,5 % interanual a abril, porcentaje de catástrofe.
Sumada a la anulación de la inversión pública, la reducción de gasto en las provincias, todas y cada una de estas medidas no hacen más que provocar la reducción de la actividad económica, la depresión a que nos trajeron.
Las medidas iniciales provocaron la elevación de la inflación por sobre el 20% (diciembre 23 y enero 24), que luego apaciguó con la contracción económica. En mayo incluso se postergaron tarifazos y se obligó a las prepagas a reducir aumentos, para bajar el índice, pese a lo cual la inflación alcanzó el 4.2%, Pero estos controles son solo momentáneos. Según los especialistas la inflación se estaría estabilizando en un 5% mensual en los próximos meses.
Una inflación de 5% mensual está aún muy lejos de poder considerarse baja, y se obtiene con una recesión del 5.1% anual (INDEC al primer trimestre 24) Esto no es estancamiento sino una profunda depresión económica. Como ya afirmara, esta situación es una anomalía, producto de las políticas oficiales, y más que estanflación es “depreflación”, porque no hay estancamiento sino depresión.
Más allá de los risueños nombres de su política de ajuste (motosierra y licuadora), esta no es más que una tradicional política de ajuste. La base de proyecto del gobierno es la misma de todos los gobiernos conservadores de los últimos 60 años. Las políticas de la dictadura genocida (con Martínez de Hoz), Menem (con Cavallo) y Macri fueron de “liberalizar, desregular, privatizar”, tal como sermoneó el consenso de Washington.
Todos esos gobiernos fueron defensores de los intereses de los sectores dominantes. En las principales medidas de los libertarios no se observa más que una reiteración del tradicional ideario conservador: achicamiento del Estado, disminución de los derechos de los trabajadores, y reducción de sus salarios directo o indirecto (como los subsidios a la energía y el transporte), eliminación de controles a los empresarios y de impuestos a las grandes fortunas, y sobre todo de los controles de precios.
El DNU 70 junto con la Ley Bases plantean lo mismo que todos los gobiernos conservadores, solo que pretenden hacerlo en menos tiempo, y su vocero no es un gran empresario, como Martínez de Hoz o Macri, sino que es un energúmeno que alcanzó una buena audiencia televisiva gritando e insultando.
Al observar su show uno termina convencido que está loco, pero no es cualquier loco, es su loco, trabaja para ellos. Incluso se refiere a estos grandes empresarios como “héroes”.
Obviamente eso no hubiera sido posible sin el apoyo de los sectores dominantes. Esto es tan claro que las principales medidas jurídicas del gobierno (el DNU 70 y la Ley Bases) fueron redactadas directamente por las grandes empresas y sus estudios jurídicos, no dentro de aparato de la administración pública como debiera haber sido.
El fetiche monetario
Entre las fantasías de los monetaristas consideran a la emisión como única causa da le inflación, por lo que plantean eliminar el déficit fiscal para así evitar la emisión. Esta premisa viene repetida por décadas, por Alvaro Alsogaray, el que pagó los salarios de los estatales con bonos, y había que “pasar el invierno” de 1959.
La gran fantasía de los libertarios es la dolarización. Suponen que para alcanzar ese objetivo se deben eliminar las deudas del Banco Central. Lo que hicieron es solo trasladar la deuda del ese banco al Estado Nacional, así, lo que la deuda pública bruta se incrementó en U$S 65.mil millones en solo los primeros 5 meses del 2024, La deuda aumentó un 20% en este corto lapso, alcanzando los U$S403 mil millones, un 97% de toda la producción argentina en un año.
La transformación de deuda del BCRA en deuda fiscal incrementa el déficit fiscal, forzando, en su visión, aun más ajuste. La consecuencia de esta política de endeudamiento público afectará por mucho tiempo a la capacidad económica del estado nacional, y por tanto a las políticas públicas de cualquiera que llegue a gobernar el país, mas allá de su ideología.
Pero para dolarizar se debería contar reservas que lo permitan. A los importadores se lo ofrecen unos bonos especiales (BOPREAL), en lugar de entregarles los dólares. Se han emitido más de U$S 10.000 millones de este bono, que obviamente es nueva deuda externa.
El sector agropecuario, que genera divisas externas, ha decidido sentarse sobre los silobolsas (donde guardan la soja), para forzar una devaluación.
Devaluación, ¿y después?
En estos meses el ministro de economía debería haber obtenido unas decenas de miles de dólares del capital privado o del FMI; pero Argentina está sobre endeudada y eso es posible, aunque Caputo le escriba nuevas cartas al FMI.
El gran fracaso del ministro de economía, es no haber obtenido dinero, ni nuestras cuentas internacionales lo han permitido, pese a que no cancela las importaciones, ni ha obtenido préstamos. Sin reservas imposible dolarizar.
El proyecto es dolarizar, o cuanto menos establecer algo parecido a la convertibilidad. Pero para hacerlo necesitan contar con reservas en moneda extranjera que permitan respaldar el cambio monetario. Según cálculos de la consultora Eco Go, las reservas son negativas en más de u$s2.300 millones.
En estos casi 6 meses el gobierno no ha conseguido el respaldo económico de esos empresarios (nacionales o internacionales) que tanto elogia. Le dan palmadas, ensalzan sus medidas, pero plata no hay.
El gobierno no ha podido siquiera cancelar las importaciones, y la deuda con los importadores continúa creciendo, pese a haber emitido más de U$S10.000 millones en BOPREAL para ellos.
El gran problema nacional es que nuestros sectores dominantes están globalizados y trasnacionalizados, y pretenden transformar sus ganancias en moneda internacional interna. Por ello sistemáticamente el país se enfrenta a una demanda de moneda extranjera superior a la que nuestro país es capaz de producir. De acuerdo a sus estimaciones, U$S16.000 millones aproximadamente se usarán este año para mantener a raya los dólares financieros.
La aprobación de la Ley Bases supone que de otorgar enormes beneficios a las grandes empresas (RIGI significa Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) estos emprendimientos se suponen mejoraran la situación económica nacional, pero si nuestro principal problema es la escasez de divisas, y el régimen los exime del control de cambio y les permite remitir cuanto deseen, ¿Cuál es el beneficio para el país?
Pese a que tanto en palabras como en actos defiende abiertamente los intereses de los sectores dominantes, ni la pata financiera ingresa capitales ni la pata agropecuaria liquida exportaciones.
Al 27 de junio el dólar paralelo (dólar fuga) llego a $ 1355, y así la brecha respecto del oficial está en un 46%. Esto pone en evidencia la fragilidad del plan económico.
La cosecha de soja, principal exportable, se efectúa en abril-mayo, debiendo liquidarse esas exportaciones en junio-agosto. Esa es la época del año en que ingresan divisas que mejoran las reservas del Banco Central. Este año eso no ha sucedido, porque los agronegocios reclaman un tipo de cambio sensiblemente mayor.
Según los mentideros periodísticos la demanda, es elevar el tipo de cambio de los $ 930 a $1800-2000, nuevamente más de un 100%, En la situación actual considero escasamente probable que puedan evitar esta embestida cambiaria. Inevitablemente esto se trasladará a precios, generando otra aceleración inflacionaria similar a la de diciembre 23 y el primer trimestre del 24. Reiniciado el ciclo de devaluación, disparada inflacionaria, reducción de los ingresos de asalariados y de trabajadores de la economía popular, produciendo otra redistribución a favor de los sectores dominantes.
¿La pregunta es que quedará de las expectativas en este gobierno?, y ¿qué será de la gobernabilidad?
La teoría económica reconoce una relación inversa entre desempleo e inflación, lo que dejó como aprendizaje para los gobiernos que combatir la inflación generará caída en la actividad económica y por tanto desempleo, y viceversa. En la crisis del 73 el petróleo cuadruplicó su precio, lo que redujo la expansión económica a la par incrementó los costos y por tanto los precios; punto extraño a la teoría económica, y así apareció el término “estanflación”, inflación con estancamiento económico. A pocos días de asumir, y contrariando su discurso de liberalización total, se efectuó una macro devaluación del 118%, pero sin eliminar el control cambiario. A la par se derogaron centenares de medidas de regulación de mercado y de control de precios mediante el DNU 70. El producto de la devaluación + liberalización de precios no pudo ser otro que una disparada inflacionaria. Como a la par el gobierno congeló los ingresos de asalariados, jubilados y beneficiarios de subsidios sociales, licuando así su poder adquisitivo (lo que denomina la “licuadora”). Esto produjo una severa redistribución del regresiva del ingreso, aumentando la desigualdad social, la pobreza y la indigencia: La UCA midió que la pobreza trepó del 42% al 55% y la indigencia del 11.9% al 18% en el primer trimestre del año. A la par se avanza con una severa reducción del gasto público (lo que denomina la motosierra). Reduciendo a casi cero la inversión pública, al igual que las transferencias a las provincias y los subsidios a la energía y el transporte, e incluso con el despido de varios miles de trabajadores del Estado. En la volteada cayó incluso el apoyo nacional al salario de los docentes de la educación obligatorio, que trabajan para las provincias, llamado “incentivo docente”. Reducción de ingresos reales de los trabajadores, el tarifazo producto de la eliminación de subsidios al consumo de energía y de transporte, provocan la reducción del consumo. El consumo masivo cayó en mayo 14,5 % interanual a abril, porcentaje de catástrofe. Sumada a la anulación de la inversión pública, la reducción de gasto en las provincias, todas y cada una de estas medidas no hacen más que provocar la reducción de la actividad económica, la depresión a que nos trajeron. Las medidas iniciales provocaron la elevación de la inflación por sobre el 20% (diciembre 23 y enero 24), que luego apaciguó con la contracción económica. En mayo incluso se postergaron tarifazos y se obligó a las prepagas a reducir aumentos, para bajar el índice, pese a lo cual la inflación alcanzó el 4.2%, Pero estos controles son solo momentáneos. Según los especialistas la inflación se estaría estabilizando en un 5% mensual en los próximos meses. Una inflación de 5% mensual está aún muy lejos de poder considerarse baja, y se obtiene con una recesión del 5.1% anual (INDEC al primer trimestre 24) Esto no es estancamiento sino una profunda depresión económica. Como ya afirmara, esta situación es una anomalía, producto de las políticas oficiales, y más que estanflación es “depreflación”, porque no hay estancamiento sino depresión. Más allá de los risueños nombres de su política de ajuste (motosierra y licuadora), esta no es más que una tradicional política de ajuste. La base de proyecto del gobierno es la misma de todos los gobiernos conservadores de los últimos 60 años. Las políticas de la dictadura genocida (con Martínez de Hoz), Menem (con Cavallo) y Macri fueron de “liberalizar, desregular, privatizar”, tal como sermoneó el consenso de Washington. Todos esos gobiernos fueron defensores de los intereses de los sectores dominantes. En las principales medidas de los libertarios no se observa más que una reiteración del tradicional ideario conservador: achicamiento del Estado, disminución de los derechos de los trabajadores, y reducción de sus salarios directo o indirecto (como los subsidios a la energía y el transporte), eliminación de controles a los empresarios y de impuestos a las grandes fortunas, y sobre todo de los controles de precios. El DNU 70 junto con la Ley Bases plantean lo mismo que todos los gobiernos conservadores, solo que pretenden hacerlo en menos tiempo, y su vocero no es un gran empresario, como Martínez de Hoz o Macri, sino que es un energúmeno que alcanzó una buena audiencia televisiva gritando e insultando. Al observar su show uno termina convencido que está loco, pero no es cualquier loco, es su loco, trabaja para ellos. Incluso se refiere a estos grandes empresarios como “héroes”. Obviamente eso no hubiera sido posible sin el apoyo de los sectores dominantes. Esto es tan claro que las principales medidas jurídicas del gobierno (el DNU 70 y la Ley Bases) fueron redactadas directamente por las grandes empresas y sus estudios jurídicos, no dentro de aparato de la administración pública como debiera haber sido.
La gran fantasía de los libertarios es la dolarización. Suponen que para alcanzar ese objetivo se deben eliminar las deudas del Banco Central. Lo que hicieron es solo trasladar la deuda del ese banco al Estado Nacional, así, lo que la deuda pública bruta se incrementó en U$S 65.mil millones en solo los primeros 5 meses del 2024, La deuda aumentó un 20% en este corto lapso, alcanzando los U$S403 mil millones, un 97% de toda la producción argentina en un año. La transformación de deuda del BCRA en deuda fiscal incrementa el déficit fiscal, forzando, en su visión, aun más ajuste. La consecuencia de esta política de endeudamiento público afectará por mucho tiempo a la capacidad económica del estado nacional, y por tanto a las políticas públicas de cualquiera que llegue a gobernar el país, mas allá de su ideología. Pero para dolarizar se debería contar reservas que lo permitan. A los importadores se lo ofrecen unos bonos especiales (BOPREAL), en lugar de entregarles los dólares. Se han emitido más de U$S 10.000 millones de este bono, que obviamente es nueva deuda externa. El sector agropecuario, que genera divisas externas, ha decidido sentarse sobre los silobolsas (donde guardan la soja), para forzar una devaluación.
El gran fracaso del ministro de economía, es no haber obtenido dinero, ni nuestras cuentas internacionales lo han permitido, pese a que no cancela las importaciones, ni ha obtenido préstamos. Sin reservas imposible dolarizar. El proyecto es dolarizar, o cuanto menos establecer algo parecido a la convertibilidad. Pero para hacerlo necesitan contar con reservas en moneda extranjera que permitan respaldar el cambio monetario. Según cálculos de la consultora Eco Go, las reservas son negativas en más de u$s2.300 millones. En estos casi 6 meses el gobierno no ha conseguido el respaldo económico de esos empresarios (nacionales o internacionales) que tanto elogia. Le dan palmadas, ensalzan sus medidas, pero plata no hay. El gobierno no ha podido siquiera cancelar las importaciones, y la deuda con los importadores continúa creciendo, pese a haber emitido más de U$S10.000 millones en BOPREAL para ellos. El gran problema nacional es que nuestros sectores dominantes están globalizados y trasnacionalizados, y pretenden transformar sus ganancias en moneda internacional interna. Por ello sistemáticamente el país se enfrenta a una demanda de moneda extranjera superior a la que nuestro país es capaz de producir. De acuerdo a sus estimaciones, U$S16.000 millones aproximadamente se usarán este año para mantener a raya los dólares financieros. La aprobación de la Ley Bases supone que de otorgar enormes beneficios a las grandes empresas (RIGI significa Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) estos emprendimientos se suponen mejoraran la situación económica nacional, pero si nuestro principal problema es la escasez de divisas, y el régimen los exime del control de cambio y les permite remitir cuanto deseen, ¿Cuál es el beneficio para el país? Pese a que tanto en palabras como en actos defiende abiertamente los intereses de los sectores dominantes, ni la pata financiera ingresa capitales ni la pata agropecuaria liquida exportaciones. Al 27 de junio el dólar paralelo (dólar fuga) llego a $ 1355, y así la brecha respecto del oficial está en un 46%. Esto pone en evidencia la fragilidad del plan económico. La cosecha de soja, principal exportable, se efectúa en abril-mayo, debiendo liquidarse esas exportaciones en junio-agosto. Esa es la época del año en que ingresan divisas que mejoran las reservas del Banco Central. Este año eso no ha sucedido, porque los agronegocios reclaman un tipo de cambio sensiblemente mayor. Según los mentideros periodísticos la demanda, es elevar el tipo de cambio de los $ 930 a $1800-2000, nuevamente más de un 100%, En la situación actual considero escasamente probable que puedan evitar esta embestida cambiaria. Inevitablemente esto se trasladará a precios, generando otra aceleración inflacionaria similar a la de diciembre 23 y el primer trimestre del 24. Reiniciado el ciclo de devaluación, disparada inflacionaria, reducción de los ingresos de asalariados y de trabajadores de la economía popular, produciendo otra redistribución a favor de los sectores dominantes. ¿La pregunta es que quedará de las expectativas en este gobierno?, y ¿qué será de la gobernabilidad? |
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