Un 4 de mayo de 2017, Santiago Maldonado escribió un texto que resultaría premonitorio. “Oh lobo incandescente envuelto en el antiguo espíritu ancestral. El bosque te llama. Los cazadores no podrán detenerte, cuando lo intenten serás ventisca helada que penetrará en sus iris repletas de especismo antropocentrista, hasta que caigan arrodillados besando la tierra que les dio abrigo incondicionalmente y sin privilegios.”

Por entonces, decidí cerrar el libro “Santiago Maldonado, un crimen de Estado” (2018) con ese mismo texto, con la advertencia de que si Patricia Bullrich –junto al resto de les funcionaries que la acompañaron en el Ministerio de Seguridad- no era juzgada por este crimen (como el de Rafael Nahuel), su condena sería la mirada de Santiago. Faltan pocos días para que se cumplan tres años de la desaparición forzada seguida de muerte del Brujo (1 de agosto; el 25 de julio se recuerda su natalicio) y la causa principal –que fue cerrada por Gustavo Lleral sin investigar a un solo gendarme- carece de magistrado.

Más allá de ese limbo judicial, mucho es lo que puede decirse sobre las operaciones realizadas por “La Piba” para que su crimen quedase impune. Y cuando decimos operaciones, nos referimos a la utilización de una estructura de espionaje ilegal desde la propia Gendarmería, que bien vale la pena repasar en estos momentos en que empieza a salir a la luz toda la podredumbre de los sótanos de la democracia.

En marzo de 2016, el macrismo envió al Congreso un conjunto de leyes enmarcadas en el decreto de Emergencia de Seguridad Pública (228/2016), que le sirvió a Bullrich para avanzar en las tareas de inteligencia criminal y la persecución a las comunidades mapuches de la Patagonia (vía las modificaciones a la ley de flagrancia) para abonar así la hipótesis de un conflicto a la seguridad nacional, incluidos algunos ribetes internacionales de la mano de Carabineros chilenos.

Todo lo que hizo Bullrich obedeció a un objetivo político. Todos los informes sobre las comunidades mapuches y la RAM eran remitidos a la Secretaría de Asuntos Estratégicos conducida por Fulvio Pompeo, quien introdujo el concepto de la “seguridad nacional” como palanca para vulnerar el Estado de Derecho en la Argentina, de la mano de las “nuevas amenazas terroristas” planteadas por Estados Unidos y que Bullrich compró como un paquete cerrado. El indigenismo era una de esas amenazas.

Espionaje
A las pocas horas de la represión de la Gendarmería que desembocó en la desaparición forzada por 78 días seguida de muerte, el Gobierno enviaba a la zona de Esquel a una de las áreas de inteligencia de la fuerza, el Centro de Reunión de Información de Neuquén (CRI). Desde esta área se realizó un seguimiento a la familia Maldonado, a los organismos de Derechos Humanos de la zona y se le adelantó medidas de prueba a los jefes de los Escuadrones de Esquel y El Bolsón.
Pero lo que este periodista pudo determinar es que al menos desde 2017, el CRI hacía un “fichaje de personas vinculadas a la causa mapuche”, algo prohíbo por ley. Cuando Santiago llevaba desaparecido seis días, el por entonces jefe del CRI Neuquén, el comandante Darío Fernando Corbalán, le envió un mensaje de WhatsApp a Fabián Méndez, jefe del Escuadrón de El Bolsón, con la siguiente información: “Mateo Oviedo. Este muchachito escapó de Leleque el 10 de enero pasado”. Lo tenían fichado. Este material forma parte de la causa por espionaje en el caso Maldonado radicada en el juzgado de Daniel Rafecas.

Este hecho da cuenta, de alguna manera, que el espionaje ilegal era estructural dentro de la GNA con el objetivo de robustecer la supuesta nueva amenaza de la RAM, tal como le informaba Bullrich a la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Detrás de esa construcción – o gracias a ella-, la Alianza Cambiemos elaboró todo un plexo normativo represivo, desde la videovigilancia, cambios en la ley de flagrancia, agente encubierto, etc. Como dijimos, todo tenía un fin político y Bullrich fue el mascarón de PRO(A).

Pero la operación de inteligencia que marcó la impunidad en el caso Maldonado llegó cuando la ex ministra envió a Esquel a dos comandantes, Jorge “El Potro” Domínguez, director de Inteligencia Criminal de la Gendarmería al comienzo de la gestión Cambiemos y a Rafael Benz, jefe del Centro de Análisis de Inteligencia de la misma fuerza.

Ambos operaron desde el territorio, y en algunos casos junto a los Carabineros chilenos para vincularlo a Maldonado con la RAM. La estrategia de la Alianza Cambiemos fue instalar que Santiago era un “peligroso terrorista que se había fugado a Chile”, tal como describimos en el libro publicado en 2018.

Domínguez aparece en un lugar central en esa construcción; sobre todo a partir de sus intercambios de información con su par chileno, Patricio Marín Lazo, que en enero de 2018 cayó preso luego de que se comprobara que del otro lado de la cordillera también se les inventaba pruebas a los mapuches.

De esa causa judicial radicada en Temuco surgió un gran número de documentos y conversaciones entre Domínguez y Marín Lazo. Entre esos documentos están las fichas de personas vinculadas a la “causa mapuche”, el pedido para que se le intervinieran las comunicaciones a toda la familia de Santiago y aparece el convenio de cooperación entre ambas fuerzas, avalado por Bullrich. Los rastros de este texto fueron borrados del Ministerio:
“Coordinación entre Inteligencia de Gendarmería Argentina, con personal Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE Araucanía). Durante el Lunes 14 al Miércoles 16 de agosto del presente año, se mantuvo una reunión de coordinación de inteligencia con el Comandante Mayor Sr. Jorge Antonio Domínguez, Director de Inteligencia Criminal y Comandante Sr. Rafael Antonio Benz, Jefe del Centro de Análisis de Inteligencia, ambos de Gendarmería Nacional Argentina, dentro de los puntos tratados se consideraron: Mantener coordinación, continua y permanente respecto al conflicto étnico mapuche; y el intercambio de blancos de investigaciones en común vinculados al conflicto mapuche y subversivo.”

Quizás la llave para entender realmente (y en toda su profundidad) qué fue lo que hizo el Gobierno de Cambiemos con Santiago Maldonado radique en tirar del ovillo que asoma de los sótanos de la democracia. La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, a cargo de Leopoldo Moreau, ya acumula información vinculada directamente al caso Maldonado y a las operaciones de inteligencia ilegal realizadas por la Gendarmería Nacional durante el macrismo, que será analizada una vez concluido el capítulo AFI.

Un 4 de mayo de 2017, Santiago Maldonado escribió un texto que resultaría premonitorio. “Oh lobo incandescente envuelto en el antiguo espíritu ancestral. El bosque te llama. Los cazadores no podrán detenerte, cuando lo intenten serás ventisca helada que penetrará en sus iris repletas de especismo antropocentrista, hasta que caigan arrodillados besando la tierra que les dio abrigo incondicionalmente y sin privilegios.” Por entonces, decidí cerrar el libro “Santiago Maldonado, un crimen de Estado” (2018) con ese mismo texto, con la advertencia de que si Patricia Bullrich –junto al resto de les funcionaries que la acompañaron en el Ministerio de Seguridad- no era juzgada por este crimen (como el de Rafael Nahuel), su condena sería la mirada de Santiago. Faltan pocos días para que se cumplan tres años de la desaparición forzada seguida de muerte del Brujo (1 de agosto; el 25 de julio se recuerda su natalicio) y la causa principal –que fue cerrada por Gustavo Lleral sin investigar a un solo gendarme- carece de magistrado. Más allá de ese limbo judicial, mucho es lo que puede decirse sobre las operaciones realizadas por “La Piba” para que su crimen quedase impune. Y cuando decimos operaciones, nos referimos a la utilización de una estructura de espionaje ilegal desde la propia Gendarmería, que bien vale la pena repasar en estos momentos en que empieza a salir a la luz toda la podredumbre de los sótanos de la democracia. En marzo de 2016, el macrismo envió al Congreso un conjunto de leyes enmarcadas en el decreto de Emergencia de Seguridad Pública (228/2016), que le sirvió a Bullrich para avanzar en las tareas de inteligencia criminal y la persecución a las comunidades mapuches de la Patagonia (vía las modificaciones a la ley de flagrancia) para abonar así la hipótesis de un conflicto a la seguridad nacional, incluidos algunos ribetes internacionales de la mano de Carabineros chilenos. Todo lo que hizo Bullrich obedeció a un objetivo político. Todos los informes sobre las comunidades mapuches y la RAM eran remitidos a la Secretaría de Asuntos Estratégicos conducida por Fulvio Pompeo, quien introdujo el concepto de la “seguridad nacional” como palanca para vulnerar el Estado de Derecho en la Argentina, de la mano de las “nuevas amenazas terroristas” planteadas por Estados Unidos y que Bullrich compró como un paquete cerrado. El indigenismo era una de esas amenazas. Espionaje A las pocas horas de la represión de la Gendarmería que desembocó en la desaparición forzada por 78 días seguida de muerte, el Gobierno enviaba a la zona de Esquel a una de las áreas de inteligencia de la fuerza, el Centro de Reunión de Información de Neuquén (CRI). Desde esta área se realizó un seguimiento a la familia Maldonado, a los organismos de Derechos Humanos de la zona y se le adelantó medidas de prueba a los jefes de los Escuadrones de Esquel y El Bolsón. Pero lo que este periodista pudo determinar es que al menos desde 2017, el CRI hacía un “fichaje de personas vinculadas a la causa mapuche”, algo prohíbo por ley. Cuando Santiago llevaba desaparecido seis días, el por entonces jefe del CRI Neuquén, el comandante Darío Fernando Corbalán, le envió un mensaje de WhatsApp a Fabián Méndez, jefe del Escuadrón de El Bolsón, con la siguiente información: “Mateo Oviedo. Este muchachito escapó de Leleque el 10 de enero pasado”. Lo tenían fichado. Este material forma parte de la causa por espionaje en el caso Maldonado radicada en el juzgado de Daniel Rafecas. Este hecho da cuenta, de alguna manera, que el espionaje ilegal era estructural dentro de la GNA con el objetivo de robustecer la supuesta nueva amenaza de la RAM, tal como le informaba Bullrich a la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Detrás de esa construcción – o gracias a ella-, la Alianza Cambiemos elaboró todo un plexo normativo represivo, desde la videovigilancia, cambios en la ley de flagrancia, agente encubierto, etc. Como dijimos, todo tenía un fin político y Bullrich fue el mascarón de PRO(A). Pero la operación de inteligencia que marcó la impunidad en el caso Maldonado llegó cuando la ex ministra envió a Esquel a dos comandantes, Jorge “El Potro” Domínguez, director de Inteligencia Criminal de la Gendarmería al comienzo de la gestión Cambiemos y a Rafael Benz, jefe del Centro de Análisis de Inteligencia de la misma fuerza. Ambos operaron desde el territorio, y en algunos casos junto a los Carabineros chilenos para vincularlo a Maldonado con la RAM. La estrategia de la Alianza Cambiemos fue instalar que Santiago era un “peligroso terrorista que se había fugado a Chile”, tal como describimos en el libro publicado en 2018. Domínguez aparece en un lugar central en esa construcción; sobre todo a partir de sus intercambios de información con su par chileno, Patricio Marín Lazo, que en enero de 2018 cayó preso luego de que se comprobara que del otro lado de la cordillera también se les inventaba pruebas a los mapuches. De esa causa judicial radicada en Temuco surgió un gran número de documentos y conversaciones entre Domínguez y Marín Lazo. Entre esos documentos están las fichas de personas vinculadas a la “causa mapuche”, el pedido para que se le intervinieran las comunicaciones a toda la familia de Santiago y aparece el convenio de cooperación entre ambas fuerzas, avalado por Bullrich. Los rastros de este texto fueron borrados del Ministerio: “Coordinación entre Inteligencia de Gendarmería Argentina, con personal Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE Araucanía). Durante el Lunes 14 al Miércoles 16 de agosto del presente año, se mantuvo una reunión de coordinación de inteligencia con el Comandante Mayor Sr. Jorge Antonio Domínguez, Director de Inteligencia Criminal y Comandante Sr. Rafael Antonio Benz, Jefe del Centro de Análisis de Inteligencia, ambos de Gendarmería Nacional Argentina, dentro de los puntos tratados se consideraron: Mantener coordinación, continua y permanente respecto al conflicto étnico mapuche; y el intercambio de blancos de investigaciones en común vinculados al conflicto mapuche y subversivo.” Quizás la llave para entender realmente (y en toda su profundidad) qué fue lo que hizo el Gobierno de Cambiemos con Santiago Maldonado radique en tirar del ovillo que asoma de los sótanos de la democracia. La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, a cargo de Leopoldo Moreau, ya acumula información vinculada directamente al caso Maldonado y a las operaciones de inteligencia ilegal realizadas por la Gendarmería Nacional durante el macrismo, que será analizada una vez concluido el capítulo AFI. - VER MÁS ARTÍCULOS -

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