Colombia vivió uno de sus peores años en la historia reciente, con un gobierno ineficiente, completamente entregado a las grandes empresas y con un talante violento para imponer el neoliberalismo. La pandemia profundizó el tormento de la sociedad colombiana, aunque realmente el desastre corrió por cuenta de la respuesta neoliberal y autoritaria del gobierno de Iván Duque y Uribe. Las decisiones de Duque en el 2020 no salvaron vidas, ni tampoco la economía.

La mala imagen presidencial (67 % de desaprobación) no impactó en nada la orientación del gobierno uribista y menos del bloque derechista que logró conformar con anteriores aliados del expresidente Santos. Duque y su equipo se sintieron cómodos gobernando con el apoyo del 1 % del establishment, y con los espaldarazos del saliente presidente de los EE.UU. Se desarrolló un año legislativo con una agenda contraria a las demandas de las gigantescas movilizaciones populares del 2019. Desoyendo a la sociedad se encaminó a destruir el Acuerdo de Paz, y a controlar por completo el poder judicial.

En medio de la pandemia la derecha ultraconservadora puso todo su poder sobre el cuello de la sociedad. Duque, habilitado por los decretos de emergencia, desató una agenda regresiva, punitiva y ultraneoliberal. Ante la crisis expresada en desempleo, bajo nivel adquisitivo, en hambre, violencia y en enojo social, la respuesta del gobierno fue más neoliberalismo en lo económico y más conservadurismo en lo social. Los asesinatos sistemáticos de lideres opositores, de firmantes del acuerdo de paz y el horroroso aumento de las masacres en campos y ciudades reafirman el aciago panorama, tal y como lo afirma la oficina de Naciones Unidas en Colombia.

Un difícil momento para el país que está en ebullición, con mucha rabia e indignación de los sectores populares y la golpeada clase trabajadora. La rabia alienta las fuerzas políticas de izquierda y progresistas, pero estas aún no parecen entender la necesidad de la unidad para derrotar ese poder violento que gobierna al país. Colombia sigue teniendo una oportunidad en la respuesta acertiva de la izquierda ye l progresismo a los sectores populares, que han demostrado su interés por la movilización y por la transformación social.


Duque sin pueblo, compró mayorías parlamentarias

El conservadurismo gubernamental copó la agenda mediática, sofocando el ambiente social marcado por el fastidio y el agobio ciudadano que producen la multiplicidad de problemas desatados por el “orden” neoliberal, vividos y sentidos en la cotidianidad por millones de personas, como aquellas en situación de desempleo del 14,8 % (3,3 millones de personas), o en el empleo informal según datos oficiales es del 47,5 % (5,62 millones de trabajadores). Cifras que no muestran del todo la gravedad de la situación económica, pues están encubiertos las situaciones de millones de trabajadoras dedicadas al cuidado y personas en la ruralidad que viven en situaciones aún más precarias.

Para evitar un estallido social Duque recurrió a reactivar la represión en los territorios y a cogobernar con los clanes de la vieja política. Utilizó el Ministerio de Salud para comprar voluntades de dichos grupos políticos, entregando el manejo de un presupuesto anual de 31,8 Billones de pesos, 9700 millones de dólares, que tuvo complementos adicionales por la declaración de la emergencia sanitaria.

Según informes de la Cepal el monto total destinado en ayudas, exenciones impositivas y créditos a tasas subsidiadas es de 5.4 puntos del PIB, cerca de 67 billones de pesos (18.200 millones de dólares). Para su ejecución el gobierno decretó la excepcionalidad en la contratación pública, permitiendo hacer contratos directos sin pasar por todos los mecanismos de control establecidos, que son insuficientes como lo demuestra el tamaño de la corrupción.

Las medidas tomadas fueron orientadas a financiar empresas privadas con cerca de 13 mil millones de dólares (73 % del total de la ayuda); a pequeñas y medianas empresas con 5230 millones de dólares (28,6 % del total); y con cerca de 337 millones de dólares (1,8 % del total) para aumentar las ayudas en los programas sociales existentes y generar un Ingreso Solidario de Emergencia.

Duque sin mayorías sociales, pero con mayorías parlamentarias cumplió con los oscuros poderes que le pusieron en el camino de la presidencia. La creciente guerra en algunos municipios tiene un componente económico ligado a los intereses de grupos dedicados a la corrupción, y otros grupos apropiadores ilegales de tierras que durante el conflicto interno se han beneficiado del desplazamiento forzado. Tierras en las que se desarrollan grandes proyectos mineros y energéticos.

En este camino del uribismo generó en el 2020 un clima de guerra orientado a legitimar la represión en contra de las manifestaciones ciudadanas. Cursa en el Congreso una ley que prohíbe la movilización popular, con el argumento de la infiltración guerrillera en las marchas y de la incitación a la violencia.


Colombia movilizada contra el neoliberalismo

La pandemia aplazó unos meses la movilización social en Colombia, no la diluyó como lo esperaba el gobierno. Los motivos para salir a las calles son cada vez mayores luego de una déspota y neoliberal respuesta gubernamental ante la emergencia sanitaria. El bloque de poder se orientó por más represión, por la entrega de millonarios contratos a las grandes empresas, trasladando recursos hacia el sistema financiero, y por la desatención a millones de trabajadores y trabajadoras; hoy la situación es de hambre, militarización y desempleo.

La movilización social aumentó a niveles inimaginables en los últimos cuatro años. Una diversa mixtura de indignación, cansancio y esperanza de futuro se alberga en millones de personas, dispuestas a poner sus cuerpos en las calles y sus votos en las urnas para desterrar la violencia política y construir un nuevo país. La masividad de la movilización social, sin embargo, no logró mover las posiciones autoritarias del gobierno, que sigue en su camino de tomarse los tres poderes públicos y atornillando a sus aliados en las FFMM, buscando sostener el poder del uribismo más allá de las elecciones del 2022, aún si pierden la presidencia. La hoja de ruta de la extrema derecha se orienta por sostener el neoliberalismo a sangre y fuego, pretenden ganancias extraordinarias para el grupo de empresarios, latifundistas y financistas que los acompañan, bajo el poder de la coerción militar, el engaño mediático y el sentido común conservador.

Las movilizaciones populares muy comunes en los sectores rurales se trasladaron a las ciudades. El 9 de septiembre se desató una protesta popular sin precedentes en Bogotá, que concluyó con el asesinato de nueve jóvenes a manos de la policía. El presidente Iván Duque terminó el año con una creciente ola de violencias en todo el territorio nacional: en el 2020 se registraron 86 masacres, 293 asesinatos de líderes y lideresas sociales y más de 80 firmantes del Acuerdo de Paz.


El campo democrático y popular dividido

El fortalecimiento de la capacidad de movilización popular no tiene el mismo desarrollo en la consolidación de un bloque popular y democrático para cambiar el rumbo del país. En el 2019 se registraron triunfos importantes de sectores no tradicionales en alcaldías y gobernaciones, pero han venido debilitándose en la gestión local de la pandemia, más importante, tras el desastre del gobierno nacional. La dispersión de fuerzas y el sectarismo siguen siendo la principal fragilidad del movimiento popular colombiano.

Con un apoyo creciente los diversos grupos de izquierda y progresistas están pensando en las elecciones del 2022, más que en enfrentar al actual gobierno. Dichas fuerzas piensan que el uribismo está derrotado y que la disputa será por quien lidera la futura candidatura presidencial de la oposición. Un cálculo que puede ser un acto fallido para el país y para el propio movimiento popular. El gobierno uribista tiene la capacidad (y los recursos) para recomponerse y están desarrollando una estrategia de unidad de las derechas con el objetivo de mantenerse en el poder.

El progresismo colombiano llegó a un clímax político sin precedentes en las elecciones locales, ganando los principales centros urbanos del país: Bogotá, Medellín, Calí, Cartagena; (salvo Barranquilla) apoyados por la ola de inconformismo social que culminó con más de 30 días continuos de protestas ciudadanas multitudinarias, transversales y creativas a finales del 2019. Una situación que avizora la posibilidad de un cambio del orden neoliberal, o al menos la consolidación de una alternativa electoral para los próximos comicios presidenciales en 2022. Sin embargo, esos triunfos locales y las movilizaciones no obedecen a un proceso pensado y articulado por el progresismo.

Las divisiones expresadas en la elección presidencial entre los candidatos Sergio Fajardo y Gustavo Petro, no parecen cerrarse, todo lo contrario. En el 2020 esas dos facciones, una centrista y otra de izquierda declaradas en oposición a Duque, mantuvieron una hostilidad quizás superior a la utilizada para contrarrestar el camino autoritario del gobierno de Duque. Un debate exacerbado por el comienzo de los nuevos gobiernos locales, liderados por allegados a estas facciones progresistas, que por ahora no muestran distinciones con sus antecesores.

Por ahora, una estrategia de gobierno para alcanzar cambios progresistas y parar la violencia, no parece tener posibilidad ante la forma (y el contenido) de la disputa entre estas dos facciones. El país asiste a la aplicación gubernamental de todas las formas de violencia para reproducir el neoliberalismo, sin la acción necesaria de las fuerzas populares para construir una alternativa. La dispersión de los movimientos y partidos progresistas es notoria, sus divergencias sobre cómo enfrentar al gobierno dejan al descubierto incapacidades colectivas para construir una agenda de cambio. Colombia tiene una posibilidad de cambio, si los liderazgos y buena parte de la sociedad entiende que la unidad es el camino.


Ataques al acuerdo de paz

En medio de la pandemia el uribismo arreció su fuego en contra del Acuerdo de Paz. Mientras prosiguen los incumplimientos a la implementación de los seis puntos acordados. Los ataques a las familias que están en los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito aumentan y crece la intención de desplegar con fuerza la acción punitiva en contra del campesinado, presionados por la DEA y por el trumpismo. El gobierno está haciendo todo lo posible para generar un ambiente de hostilidad que lleve a las comunidades a quitar su respaldo al acuerdo.

El escenario obligó a las víctimas del conflicto y al Partido Farc a activar todos los mecanismos jurídicos, tanto en Colombia como en el exterior, para garantizar que el Estado cumpla su palabra. El movimiento social y popular sigue respaldando el Acuerdo y su movilización ha sido importante para defenderlos, sin esperar la buena voluntad del gobierno. La agenda de disputa popular pasa por el cumplimiento de lo pactado y por la agenda social de los territorios.




Algunas conclusiones pensando en el 2021

¿Quiénes ganaron con el COVID19?
Se ha dicho que con el coronavirus todos pierden, una falacia que queda latente cuando se observan cifras detalladas. Con la declaratoria de emergencia sanitaria y económica, el gobierno dispuso de un paquete económico de 14 billones de pesos, 5,4 % de su producto interno bruto, que fue entregado en su mayoría a las grandes empresas y al sector financiero.

Recrudecimiento de la violencia
Los fuertes discursos del Centro Democrático, y el desconocimiento presidencial a los Acuerdos de Paz, son en sustento narrativo de la violencia creciente en las zonas rurales y semiurbanas. Una violencia usada como excusa para seguir implementando el neoliberalismo de guerra, sin consenso social y con la represión como elemento central de la coacción.

Reorganización de las fuerzas políticas en el Congreso
La detención de Uribe y el proceso judicial que aún enfrenta resulta un hecho simbólico, es un acto del Poder Judicial, y a la vez, es el mensaje de un sector del poder que busca un escenario posuribista, con la implementación del acuerdo de paz y un liderazgo de unidad nacional, que cree un escenario propicio para el crecimiento económico. Por ello, es posible que las fuerzas políticas del Congreso empiecen a moverse con más independencia del gobierno y empiecen a actuar pensando en el cambio presidencial del 2022.

En búsqueda del “posuribismo”
La política actual se está moviendo en torno a la tensión uribismo vs. antiuribismo, ello amplía la perspectiva de alianzas entre los sectores políticos no uribistas cuyo campo amplio incluye a las fuerzas de izquierda, progresistas, sectores del Partido Liberal y del clivaje santista.