Durante marzo, la emergencia sanitaria por la expansión del brote de Covid-19 irrumpió en todos los rincones del globo, como respuesta o evidencia de la grave crisis que arrastra el sistema capitalista hace años.

La imposición de un enemigo común de la humanidad reordenó la sociedad, reafirmando el rol de los medios de comunicación, el Estado, la familia, relegando las formas de lucha y organización que se venía dando el pueblo.

La pandemia encontró, en Colombia, al presidente Iván Duque en el ojo de la tormenta a raíz de la filtración de unas escuchas a Guillermo "Ñeñe" Hernández, empresario vinculado al narcotráfico y asesinado en Brasil en 2018, en los que se habla de una compra de votos en favor de Duque durante la última campaña presidencial que lo llevó al gobierno.

Por otro lado, la oficina de Derechos Humanos de la ONU, a cargo de la ex-presidenta chilena Michelle Bachelet, a partir de un informe colocó a Colombia como el país de América Latina con más asesinatos de activistas: en lo que va de 2020, la Alta Comisionada de la ONU recibió 40 denuncias por asesinatos a líderes sociales.

Pero el principal factor que tenía contra las cuerdas a Duque fueron las contundentes movilizaciones que se desarrollaron desde 2019. En el punto más alto de las movilizaciones en Latinoamérica, el pueblo colombiano salió a las calles el 21 de noviembre: trabajadores, estudiantes, indígenas, ambientalistas y partidos opositores realizaron una masiva convocatoria en el marco de una huelga que paralizó el país en contra del “paquetazo” de reformas laborales, de pensiones, financieras y tributarias.

El movimiento estudiantil, en particular, se convocó en lucha por la autonomía para la toma de decisiones en las universidades públicas y contra el incumplimiento del aumento de presupuesto para la educación superior pública, firmados en 2018 tras 65 días de paro.

Pese a la represión, el toque de queda y la militarización de los territorios, el Gobierno no pudo contener las demandas del pueblo, que replicó la lucha con más organización: huelgas, movilizaciones y cortes se replicaron con constancia y gran énfasis los días 21 de cada mes hasta la fecha.

Sin embargo, en tiempos de cuarentena

La declaración de la emergencia sanitaria en todo el país, el jueves 12, adoptó la cancelación de eventos públicos y el cierre de puertos para el desembarco de cruceros, y con el paso de los días se extremaron medidas, con el cierre de fronteras y un aislamiento preventivo obligatorio desde el 24 de marzo hasta el 13 de abril.
Horas antes de la vigencia del aislamiento, los sectores trabajadores informales protestaron en las plazas y frente a las alcaldías de Bogotá, Soacha, Ibagué, Riohacha, entre otras, por medidas que les permitan cumplir el periodo de confinamiento. El gobierno central decretó el aislamiento “pero no piensa absolutamente nada en la gente... manda a todos a sus casas cuando aquí hay una población que no tiene ni siquiera casas”, afirma Duber, militante social de la ciudad de Pereira. “Hay una cantidad de habitantes de calle muy grande, personas desempleadas, que viven del sustento diario, vendedores ambulantes. Esa gente no tiene con qué afrontar la crisis”, dice, y destaca que hubo intentos de saqueos a supermercados por parte de comunidades de inmigrantes asfixiados por la situación de crisis.

Además, la situación del sistema sanitario, privatizado hace años, muestra la imposibilidad de afrontar con éxito a la pandemia, que hoy lleva unos 500 infectados en Colombia.

También se registraron amotinamientos en 13 cárceles de todo el país en los últimos días, a raíz de un sistema carcelario colapsado, con cárceles llenas, en una crisis que el gobierno se negó a asumir.

La situación de emergencia sanitaria modificó el formato de las movilizaciones organizadas para el paro nacional del día 25, para dejar de lado lo que iba a ser una poderosa movilización por un “cacerolazo” con posicionamientos y un ‘twitteratón’ en redes sociales.

Pero la desactivación de las expresiones de calle son solo uno de los efectos colaterales de esta crisis, donde los sectores financieros se benefician: el decreto 444 declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el territorio nacional por 30 días, que permite tomar recursos de fondos regionales y municipales para atender la pandemia del coronavirus.

Así, el gobierno podrá "efectuar operaciones de apoyo de liquidez al sector financiero a través de transferencia temporal de valores, depósitos a plazos, entre otros". También para "invertir en instrumentos de capital o deudas emitidos por empresas privadas, públicas o mixtas".

Además, Duque aseguró que atenderá la emergencia sin afectar la inversión en los grandes proyectos “estratégicos”, como el metro de Bogotá, el nuevo tren de cercanías Regiotram de Occidente, el Túnel del Toyo y los programas de autopistas 4G.

Julio Roberto Gómez, de la CGT, habla de la existencia de “otras pandemias igualmente peligrosas”. Esas pandemias siguen ahí, propagándose masivamente a través de las fronteras y extendiendo la agonía humana: la desigualdad, la explotación, el individualismo.

La solidaridad virtual no alcanzará a resolver los problemas de una crisis que se prevé aún más profunda que la de 2008. Es tiempo de dar curso a la creatividad, a una creatividad rebelde, que apunte no solo a sortear los dilemas que genera el virus, sino a resolver el problema de fondo, el nuestro.