Los defensores del libre mercado ganaron la batalla cultural: consiguieron que el control de cambios sea conocido como “cepo”, claramente un despectivo. La voracidad fugadora de nuestra clase dominante hace necesario que se valore así al control, y la fuga sea considerada casi un derecho natural.

En este contexto las restricciones a la adquisición de divisas (alias cepo) no pueden ser levantadas, bajo severo riesgo de una severa escasez de divisas que desencadenaría en una corrida cambiaria, situación a la que nos acercamos en la segunda quincena de marzo 2025.
Los exportadores son en su casi totalidad grandes empresas, en alto porcentaje multinacionales, las cuales tienen una marcada preferencia por transferir al exterior sus rentas. Entre las primeras medidas de la gestión reaccionaria (el decreto 28/2023 del 13/12/2023) se estableció que la liquidación de exportaciones se efectuara 80% al dólar oficial, y el 20% restante no es necesario liquidarlo en el país. Ese 20% que no va al mercado oficial se lo llama blend, legalizando así la fuga. El costo del “blend” en 2024 se estima en U$S 16.000 millones.

A la par continúa el control de cambios sobre importaciones y remesas al exterior, que deben esperar turno para poder adquirir divisas al cambio oficial. Pese a cierta conversión voluntaria en bonos (los BOPREAL), la deuda por importaciones y remesas pendientes suma varias decenas de miles de millones de dólares.

Según el INDEC en 2024 se registró un superávit comercial de US$ 18.899 millones, El superávit comercial fue algo extraordinario, el más alto en las ultimas 2 décadas, consecuencia de la caída de las importaciones del 20%, producto de las políticas de contracción de la demanda interna.

Además, se aprobó un blanqueo de capitales por el que ingresaron unos US$18.000 millones. El blanqueo no se va a poder repetir en muchos años.

Un informe el Banco JP Morgan estima en U$S 22.000 millones las ventas del central para sostener el tipo de cambio. Solo en esta segunda quincena de marzo, al 27-03, lleva vendidos más de US$ 1.300 millones.

Estos grandes ingresos de divisas, superávit y blanqueo, se consumieron en el mencionado “blend”, y las ventas de dólares, cuyo objetivo sigue siendo evitar el aumento de la cotización financiera, hoy un 20% superior al oficial (1300).

Por la dilapidación en el blend hoy tenemos U$S10.700 millones negativos (el banco central tiene menos dólares que los depósitos privados en el sistema financiero), lo mismo que cuando se fue Alberto Fernández.

La Argentina gobernada por sus propios dueños, Macri 2015/19, agotó la capacidad de endeudamiento privado y voluntario internacional, por lo que desde 2018 carece de nuevos préstamos privados. El FMI es la única fuente a la que se puede recurrir, y esto es a un elevado costo político: imponen la política económica, lo que se llama “condicionalidades”.

El movimiento turístico es otro punto que permite observar que hay atraso cambiario: las salidas de argentinos al exterior muestran fuerte aumento (74%), mientras que el ingreso de extranjeros tiene una fuerte caída (30%). Argentina está cara en dólares, por lo que deben disminuirse sus precios, osea: devaluar.

Inevitablemente se desembocará en una corrección cambiaria. Las opciones del gobierno son: que sea administrada (a $1.500 dicen los medios) o forzada, según lo que el mercado imponga. Los memoriosos recuerdan en 2002, y por presión del FMI, se liberó el cambio, y aumentó de 1 a hasta 4, lo que hoy implicaría un cambio a $4.000, con un costo social solo comparable a la hecatombe de la crisis de 1930. Las dos opciones suponen una aceleración de la inflación, y en consecuencia la desaparición del único logro del gobierno.

La desesperación oficial es por el préstamo del FMI, aunque sólo sea para intentar postergar lo inevitable. El mentado crédito del FMI se lo estima cuanto mucho en “solo” U$S5.000 millones libres. Y el resto, unos U$S14.000, son solo refinanciaciones, que ingresarían de a poco, para cumplir con los vencimientos, y sujeto al cumplimiento de las condiciones del crédito. Estas condicionalidades incluyen la devaluación.

Los mentideros políticos mencionan reiteradamente la imposición de bandas cambiarias: $1.300 mínimo y $1.600 máximo. A menos de $1.300 el BCRA compra, a más de $1.600 vende, y en medio deja flotar. La historia muestra que la libre flotación no funciona en nuestro país, y en breve lapso se alcanza el límite superior. De romperse el control oficial, el valor del dólar podría llegar a niveles exorbitantes, como el $4.000 mencionado arriba.

Milei expuso como su gran logro la reducción de la inflación (luego de haberla aumentado al 25% mensual con la mega devaluación de diciembre 2023), es consciente de que una nueva devaluación destruiría su único logro económico, y le ocasionaría un severo costo político.

La caída en el consumo interno y en la ocupación son innegables. En un intento por vender logros económicos proyectaron la evolución del EMAE (estimación mensual de la actividad económica) de un mes (diciembre 24) como si fuera anual, para fabricar un crecimiento económico inexistente, mientras los datos anuales dan claramente una contracción del 2% anual en 2024.

También difundieron una baja en la pobreza al 38%, basada en una estadística de una entidad privada (UCA), cuando los datos oficiales muestran que en los primeros meses de gobierno la pobreza aumentó del 42.5 % al 52.9 %, casi 10% más que el último dato de la gestión de Alberto Fernández, según datos del INDEC.

Es sabido que la devaluación provocará un significativo aumento de la inflación, y el gobierno también lo reconoce, intentando postergarla hasta después de las elecciones nacionales de octubre.

Milei parece haberse olvidado de su reiterada afirmación de que la inflación es solo un fenómeno monetario.

El gobierno no puede argumentar que pudo imponer el mayor ajuste de la historia con paz social. La brutal represión a la marcha de los jubilados e hinchas de fútbol (que fueron en auxilio de los mayores) dejó derruida la capacidad del ejecutivo de sostener el ajuste con paz social, en consecuencia, no puede ya mostrarse como administrador sustentable del ajuste.

El gobierno de un “rejunte” de reaccionarios e improvisados toca nuevamente las puertas del FMI para obtener financiamiento, sin importar el costo, tan enorme sería este que pretenden ocultarlo. Si bien aún no está cerrado, y se desconocen los condicionamientos que se impondrían, se adelanta la eliminación de derechos, como aumento de la edad jubilatoria, o la eliminación de “regímenes jubilatorios especiales”, como el de los docentes, entre otras medidas.

El acuerdo se supone que fue aprobado por un DNU, y quedó ratificado por el Congreso, pero la oposición peronista (el cada vez más probable próximo gobierno), afirmó que lo desconocerá.

¿Podrá el gobierno de un “experto en economía” (como se vendió) sobrevivir al fracaso económico? El presidente que personalmente difundió, promovió o participó de una estafa con moneda digital, deberá probar cuál alternativa es la correcta. La difusión del evento afectó seriamente su imagen pública, mostrándolo como estafador o estafado. Ambas alternativas lo perjudican.

El mencionado fracaso de su gestión económica supone profundizar su caída política, que algunos califican de derrumbe. Una devaluación de no menos de un 30% ya parece descontada, solo resta saber cuándo y por cuánto se hará, y si el préstamo del FMI le permitirá llegar hasta octubre o deberán hacerlo en abril o mayo.

La oposición ya advirtió, a través de sus autoridades partidarias y de su bloque de senadores que no se reconocerá la validez del nuevo crédito, de llegar al gobierno.

¿Apostará el FMI a respaldar económicamente al gobierno? Y en estas condiciones, ¿cómo podrán los reaccionarios terminar su mandato gubernamental?