A fines del siglo XX un coronel de la fuerza aérea norteamericana, Charles Dunlap, se ocupa de analizar la dimensión jurídica de la guerra y propone un neologismo bajo el nombre de “lawfare”, combinación de los términos anglófonos “law” (ley) y “warfare” (guerra). En este término, Dunlap, sintetiza el “uso de la ley como arma de guerra”, es decir, como un “un método de guerra donde la ley se usa como un medio para alcanzar un objetivo militar”. A lo anterior se le suma el poder mediático concentrado tanto en su forma tradicional (televisión, radio, diarios) como a través de las redes sociales, con el objetivo de atacar liderazgos populares que cuestionan los privilegios y abusos de grupos de poder que permanecen invisibilizados ante la opinión pública.

En el siglo XXI esta práctica ha sido utilizada contra los ex presidentes: Manuel Zelaya en Honduras, Rafael Correa en Ecuador, Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, etc. De esta forma el lawfare aparece reemplazando el rol de los golpes militares de antaño, tal que causas penales impulsadas por los poderes económicos dominantes aliados al capital extranjero, sirvan para deslegitimar y sacar del juego a dirigentes políticos que cuestionan el statu quo sin necesidad de llegar a violentar el estado de derecho.

El lawfare se utiliza también contra dirigentes sociales, por ejemplo Milagro Sala en Argentina, que el gobernador de Jujuy en diciembre de 2015 le inicio una causa y encarcela, por un acampe realizado por una solicitud de audiencia. Una vez detenida, le suma este ex gobernador otras acusaciones, tal que hasta la actualidad permanece detenida. A partir de ese hecho político se crean las condiciones para que la protesta social comience a ser criminalizada en Argentina.

A continuación nos referiremos al caso de lawfare o persecución mediática-judicial que afecta al alcalde de la comuna Recoleta en Santiago de Chile, Daniel Jadue, quién fue denunciado en marzo de 2021 como presidente de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (ACHIFARP), por una presunta estafa y mala administración.

Jadue es sociólogo y arquitecto, de ascendencia Palestina y militante del Partido Comunista, y es alcalde desde el año 2012 de la comuna Recoleta de Santiago, siendo reelecto en las elecciones municipales del año 2021 con el 64,08% de los votos. Su gestión ha generado un impacto positivo en la vida de miles de habitantes de la comuna, implementando las farmacias populares, ópticas populares, inmobiliarias populares, la Universidad Abierta de Recoleta, festivales de cultural masivos y gratuitos, la escuela popular de teatro, etc., con el espíritu de acercar la salud, la vivienda y la cultura al vecino de Santiago. Su capacidad de gestión llevó a que desde 2017, la población de la comuna haya aumentado en un 22%, y sus políticas sociales y culturales hayan sido copiadas por otras localidades, incluyendo la más rica de Chile, Las Condes. Su eficiente gestión política, comenzó a darle proyección nacional, y es así que un julio de 2021 participa en las primarias presidenciales, siendo el segundo candidato más votado en las primarias, sólo superado por Gabriel Boric (actual presidente de Chile), y en lugares inferiores se ubicaron los candidatos de la derecha.

¿Qué es lo que hay detrás de la persecución a Jadue?

Intereses económicos y políticos que representan a los mismos. La iniciativa de las Farmacias Populares que nacen en octubre de 2015, consiste en un sistema de subsidios, que permite a la municipalidad, comprar los medicamentos a un menor precio tanto a laboratorios nacionales como del extranjero, reduciendo así el costo de la cadena de distribución, y ofrecer hasta un 70% de descuento en medicamentos al paciente. Esto afectó los intereses, de tres cadenas de farmacias en Chile (Cruz Verde, Farmacias Ahumada y Salcobrand), que actuaban en forma cartelizada y controlaban el 90% del mercado.

En octubre del año 2019, cuando estalla la revuelta en Chile por el aumento abusivo de la tarifa del metro o subte, los estudiantes y población en general, saltan los molinetes, y los principales blancos de la protesta social fueron también: la cadena de supermercados Walmart de distribución de alimentos, los bancos y la cadena privada de farmacias: Salcobrand, Ahumada y Cruz Verde. Esto no ocurrió por ejemplo en el estallido social de 2001 en Argentina, donde el blanco de la bronca, fueron los bancos y supermercados.

En el caso chileno, la imagen negativa de estas cadenas de farmacias – Salcobrand, Ahumada y Cruz Verde – se fue construyendo durante décadas, vinculada al precio abusivo de los medicamentos, consecuencia del poder monopólico de mercado, que justamente Daniel Jadue y las farmacias populares cuestionaron, para que la población tenga acceso a los medicamentos a un menor costo. En Chile está en juego la calidad democrática, o ceder ante la presión de los monopolios farmacéuticos, asociados al lawfare y los poderes mediáticos, de Canal 13 de Televisión y el diario La Tercera, que condenan a Jadue antes de ser juzgado.

La Comisión Chilena de Derechos Humanos denunció a fines de junio la situación de lawfare que vive Daniel Jadue “En el proceso judicial se han transgredido normas legales y constitucionales, pero sobre todo, normas del Derecho Internacional de Derechos Humanos, obligatorio en su aplicación para el Ministerio Público y el Poder Judicial. En primer lugar, el principio de objetividad de la investigación, que está consagrado en el artículo 3° del Código Procesal Penal. En segundo lugar, en lo relativo a la legalidad de las medidas privativas o restrictivas de libertad, se ha contravenido el artículo 5° del Código Procesal Penal. Este uso indebido de instrumentos judiciales, parece dar la razón a quienes sostienen que estamos ante un claro caso de Lawfare, en el que se busca inhabilitar políticamente a un dirigente a través de procesos judiciales –de gran cobertura mediática- en los que no se respetan instituciones jurídicas fundamentales, como la presunción de inocencia y el derecho a la libertad provisional. El permanente llamado de las autoridades políticas a ‘dejar que las instituciones funcionen’ tendría asidero si dichas instituciones cumplieran debidamente con su función y respetaran en su quehacer, el ordenamiento jurídico vigente”.

Esta clara parcialidad de la justicia, explica en parte, porqué el 83% de los chilenos manifestó en mayo de este año, en encuesta realizada por la Universidad Gabriela Mistral, que confía poco o nada en el sistema judicial. El lawfare lamentablemente, es una estrategia de los sectores sociales y económicos que no quieren perder sus privilegios, asociados al capital transnacional, utilizado en diferentes lugares de Nuestra América.

En el caso argentino el enfrentar los privilegios e intereses del monopolio de los laboratorios farmacéuticos, entre otros factores, le significó al Presidente Arturo Illia un golpe de estado en el año 1966.