Nuestro continente, y en particular el Uruguay entre 2005 y principios de 2020, vivió lo que denominamos “una primavera progresista”. Este proceso, cargado de luces y sombras, logró democratizar derechos y servicios para la población (o al menos para una parte importante), reforzando mediante avances la idea del buen vivir. Sin embargo, no logró resignificar el ser social y la responsabilidad de los individuos en los procesos colectivos, independientemente de la posibilidad de consumo y ocio.

Marcamos entre esas luces las negociaciones colectivas, la universalización de la salud, los avances en materia de acceso al conocimiento y la educación, además de leyes vinculadas a los derechos de sectores vulnerados históricamente, entre ellas la ley de salud reproductiva, la llamada "Ley Trans" y la ley de matrimonio igualitario.

Por otro lado, las sombras se presentaron con la cara de una mala legislación vinculada a los medios de comunicación (con una ley de medios que finalmente fue magra y que siguió beneficiando a las corporaciones privadas); la falta de políticas fiscales que graven al gran capital y regulen los aportes de instituciones privadas, zonas francas y empresas transnacionales con base en nuestro país; e incluso las vacilaciones con respecto a los privilegios que continúan poseyendo las fuerzas armadas (muchos de ellas vinculados a la dictadura fascista que asoló nuestro país).

Por último la pérdida de capacidad de movilización y agitación por parte del movimiento social, quien no sólo burocratizó cuadros de suma importancia para la labor gremial sino que -en aras de colaborar con un partido político que se planteaba a sí mismo (al menos en su programa) como una síntesis de los intereses y luchas del movimiento social- acabó perdiendo capacidad de propuesta y posibilidad de apoyo crítico.



Ante tal contexto, la derecha (como síntesis de la oligarquía y las instituciones conservadoras) vió la posibilidad de captar a una parte importante de la masa, imponiendo a través de sus fábricas de sentido común (los medios de comunicación) la visión que tienen sobre seguridad, trabajo, consumo, etc. De esta forma, y mediante un acuerdo interpartidario que juntó no sólo a los partidos tradicionales de derecha vinculados a la oligarquía nacional (Partido Nacional y Partido Colorado) y a pequeños grupejos propiedad de empresarios o resentidos escaladores (Partido de la Gente, PERI, PI), sino que también contó con la adhesión de un novel partido compuesto por militares retirados o separados de sus cargos (muchos de ellos vinculados a crímenes de lesa humanidad) llamado Cabildo Abierto, la llamada Coalición Multicolor concretó su victoria electoral.

Al día de hoy, luego de noventa y tantos días de gestión, podemos observar que su receta es muy similar a la de fin de siglo: un proyecto de corte profundamente neoliberal. Por si fuera poco, en medio de la pandemia declarada por el Sars-Cov2, el nuevo gobierno se ha dedicado a cuidar que el gran capital no sufra pérdidas, a la par que aumenta la pérdida de puestos de trabajo y el silencioso desmantelamiento de instituciones que durante los últimos quince años se encargaron de asistir a las poblaciones más vulneradas.

El Ejecutivo impulsó además la “Ley de Urgente Consideración”, la cual consta de más quinientos artículos, con la intención de discutirla en apenas noventa días e imponer (mediante este mecanismo de escasas garantías democráticas) un programa de gobierno alineado con las cámaras empresariales y las familias poderosas del Uruguay.

Está Ley afecta fuertemente a la Educación Pública, no sólo quitándole potestades a la hora de la coordinación con otras entidades del Estado, sino también permitiendo la intromisión con igualdad de condiciones de instituciones educativas privadas a las coordinaciones existentes y desalentando la investigación (a cargo históricamente de la UdelaR), poniéndola al servicio del mercado. Por otro lado, coloca la titulación y reválidas a cargo de un organismo central, que tratará por igual a los trámites de este estilo provenientes tanto de instituciones universitaria privadas como de la UdelaR. En cuanto a enseñanza secundaria busca sacar potestades a los docentes en los espacios de coordinación y definición, resumiendo su participación a solamente “voz, pero no voto”. Todo esto afectará la calidad de la enseñanza, ya que representa un cambio sin precedentes en el paradigma educativo de nuestro país, e implica la vulneración de las potestades que las instituciones educativas públicas han tenido históricamente, entre ellas, y fundamentalmente, la autonomía universitaria.

Debido a esto, es menester de estos tiempos, recomponer (cómo se viene haciendo) la capacidad crítica y movilizadora por parte del movimiento social y profundizar el trabajo comprometido en los sectores de la sociedad más perjudicados (coyuntural y estructuralmente), superando mezquindades y diferencias, en pos de realizar una plataforma política y un plan de acción unitario que atienda todas las aristas del problema y sea llevado adelante por todas las organizaciones de nuestro campo popular.

Debemos trabajar hacia la construcción de herramientas alternativas de solidaridad, información, y construcción de opinión ante estos tiempos, para fortalecer la capacidad de autodefensa de los movimientos. Tenemos que superar el fetiche parlamentarista (sin dejar de atender lo parlamentario) y preparar al movimiento social para dar respuesta inmediata y contundente ante cualquier embate en contra de los intereses populares.

Y por sobre todo llegar a más trabajadores, trabajadoras y estudiantes, no sólo con el diagnóstico del problema o eventuales soluciones, sino más bien con planteos claros que apunten a que éstos se empoderen, se organicen y se sumen a la lucha.

Debemos organizar la rabia, romper con la indiferencia y luchar hasta que todo se equilibre.

Con el pueblo todo y sin el pueblo nada.

Nuestro continente, y en particular el Uruguay entre 2005 y principios de 2020, vivió lo que denominamos “una primavera progresista”. Este proceso, cargado de luces y sombras, logró democratizar derechos y servicios para la población (o al menos para una parte importante), reforzando mediante avances la idea del buen vivir. Sin embargo, no logró resignificar el ser social y la responsabilidad de los individuos en los procesos colectivos, independientemente de la posibilidad de consumo y ocio. Marcamos entre esas luces las negociaciones colectivas, la universalización de la salud, los avances en materia de acceso al conocimiento y la educación, además de leyes vinculadas a los derechos de sectores vulnerados históricamente, entre ellas la ley de salud reproductiva, la llamada "Ley Trans" y la ley de matrimonio igualitario. Por otro lado, las sombras se presentaron con la cara de una mala legislación vinculada a los medios de comunicación (con una ley de medios que finalmente fue magra y que siguió beneficiando a las corporaciones privadas); la falta de políticas fiscales que graven al gran capital y regulen los aportes de instituciones privadas, zonas francas y empresas transnacionales con base en nuestro país; e incluso las vacilaciones con respecto a los privilegios que continúan poseyendo las fuerzas armadas (muchos de ellas vinculados a la dictadura fascista que asoló nuestro país). Por último la pérdida de capacidad de movilización y agitación por parte del movimiento social, quien no sólo burocratizó cuadros de suma importancia para la labor gremial sino que -en aras de colaborar con un partido político que se planteaba a sí mismo (al menos en su programa) como una síntesis de los intereses y luchas del movimiento social- acabó perdiendo capacidad de propuesta y posibilidad de apoyo crítico. Ante tal contexto, la derecha (como síntesis de la oligarquía y las instituciones conservadoras) vió la posibilidad de captar a una parte importante de la masa, imponiendo a través de sus fábricas de sentido común (los medios de comunicación) la visión que tienen sobre seguridad, trabajo, consumo, etc. De esta forma, y mediante un acuerdo interpartidario que juntó no sólo a los partidos tradicionales de derecha vinculados a la oligarquía nacional (Partido Nacional y Partido Colorado) y a pequeños grupejos propiedad de empresarios o resentidos escaladores (Partido de la Gente, PERI, PI), sino que también contó con la adhesión de un novel partido compuesto por militares retirados o separados de sus cargos (muchos de ellos vinculados a crímenes de lesa humanidad) llamado Cabildo Abierto, la llamada Coalición Multicolor concretó su victoria electoral. Al día de hoy, luego de noventa y tantos días de gestión, podemos observar que su receta es muy similar a la de fin de siglo: un proyecto de corte profundamente neoliberal. Por si fuera poco, en medio de la pandemia declarada por el Sars-Cov2, el nuevo gobierno se ha dedicado a cuidar que el gran capital no sufra pérdidas, a la par que aumenta la pérdida de puestos de trabajo y el silencioso desmantelamiento de instituciones que durante los últimos quince años se encargaron de asistir a las poblaciones más vulneradas. El Ejecutivo impulsó además la “Ley de Urgente Consideración”, la cual consta de más quinientos artículos, con la intención de discutirla en apenas noventa días e imponer (mediante este mecanismo de escasas garantías democráticas) un programa de gobierno alineado con las cámaras empresariales y las familias poderosas del Uruguay. Está Ley afecta fuertemente a la Educación Pública, no sólo quitándole potestades a la hora de la coordinación con otras entidades del Estado, sino también permitiendo la intromisión con igualdad de condiciones de instituciones educativas privadas a las coordinaciones existentes y desalentando la investigación (a cargo históricamente de la UdelaR), poniéndola al servicio del mercado. Por otro lado, coloca la titulación y reválidas a cargo de un organismo central, que tratará por igual a los trámites de este estilo provenientes tanto de instituciones universitaria privadas como de la UdelaR. En cuanto a enseñanza secundaria busca sacar potestades a los docentes en los espacios de coordinación y definición, resumiendo su participación a solamente “voz, pero no voto”. Todo esto afectará la calidad de la enseñanza, ya que representa un cambio sin precedentes en el paradigma educativo de nuestro país, e implica la vulneración de las potestades que las instituciones educativas públicas han tenido históricamente, entre ellas, y fundamentalmente, la autonomía universitaria. Debido a esto, es menester de estos tiempos, recomponer (cómo se viene haciendo) la capacidad crítica y movilizadora por parte del movimiento social y profundizar el trabajo comprometido en los sectores de la sociedad más perjudicados (coyuntural y estructuralmente), superando mezquindades y diferencias, en pos de realizar una plataforma política y un plan de acción unitario que atienda todas las aristas del problema y sea llevado adelante por todas las organizaciones de nuestro campo popular. Debemos trabajar hacia la construcción de herramientas alternativas de solidaridad, información, y construcción de opinión ante estos tiempos, para fortalecer la capacidad de autodefensa de los movimientos. Tenemos que superar el fetiche parlamentarista (sin dejar de atender lo parlamentario) y preparar al movimiento social para dar respuesta inmediata y contundente ante cualquier embate en contra de los intereses populares. Y por sobre todo llegar a más trabajadores, trabajadoras y estudiantes, no sólo con el diagnóstico del problema o eventuales soluciones, sino más bien con planteos claros que apunten a que éstos se empoderen, se organicen y se sumen a la lucha. Debemos organizar la rabia, romper con la indiferencia y luchar hasta que todo se equilibre. Con el pueblo todo y sin el pueblo nada. - VER MÁS ARTÍCULOS -

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